La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno estableció un impuesto al patrimonio como parte de medidas económicas de emergencia. La organización solicita que se declare inconstitucional esta norma, al menos en lo que aplica a las universidades privadas.

El impacto potencial es significativo. Según estimaciones de Ascún, el impuesto generaría un recaudo de aproximadamente 135 mil millones de pesos que deberían asumir las instituciones de educación superior. El gravamen aplicaría a todas las universidades con un patrimonio líquido superior a 10 mil 474 millones de pesos, afectando entre 75 y 80 centros educativos del país.

El principal argumento de las universidades es que, por ley, son organizaciones sin ánimo de lucro. Su patrimonio no representa riqueza acumulada, sino infraestructura al servicio de la educación: laboratorios, aulas, auditorios, bibliotecas y campus destinados directamente a la formación académica. El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, explicó en entrevista con EL TIEMPO que su institución deberá pagar aproximadamente dos mil millones de pesos en la primera cuota el primero de abril y otra en mayo. Advirtió que esto se suma a otros desafíos: "El impacto del salario mínimo, del 23 por ciento; la caída de la matrícula, y ahora este impuesto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande".

Ascún argumenta que el decreto viola principios constitucionales como la equidad tributaria y que el Ejecutivo no explicó suficientemente las razones para incluir universidades en este impuesto. En el documento presentado ante la magistrada Lina Marcela Escobar señalan que "la imposición de un impuesto al patrimonio sobre los bienes de las universidades constituye una interferencia directa en su autonomía financiera, al obligarlas a destinar recursos que deberían orientarse al cumplimiento de su misión educativa y científica al pago de obligaciones fiscales".

La preocupación es que estos recursos que ahora iría a impuestos podrían cubrir cerca de 15 mil cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos. Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, criticó el decreto en redes sociales: "Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes".

Existe también temor de que algunas universidades traspasen este costo a los estudiantes. El padre Harold advirtió que las instituciones privadas actualmente atraviesan momentos financieros complejos por caída en matrículas y estructuras de sostenibilidad tensionadas. "Hoy las universidades privadas han estado contraídas en su matrícula y su sostenibilidad financiera está bastante tensionada. Eso genera un estrés que realmente las pone en riesgo", afirmó. Indicó que algunas podrían sentir la tentación de incrementar matrículas para cubrir este nuevo gravamen.

Es importante aclarar que las universidades públicas no están afectadas por este impuesto, ya que son entidades públicas del Estado y no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, requisito que el decreto establece para el nuevo gravamen al patrimonio.