Durante décadas, la historia del conflicto armado en Colombia se ha contado desde el sufrimiento de las personas y las comunidades. Pero un nuevo informe cambia esa perspectiva. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Universidad de Essex presentaron una investigación titulada "Daños invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)" que documenta una realidad invisibilizada: cada 30 minutos un animal muere o resulta gravemente herido por causa de la guerra.

El estudio registra al menos 100.252 animales afectados y 44 especies en riesgo crítico de extinción. La violencia contra la fauna se ha derivado de fenómenos como la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de animales silvestres. Entre las especies más amenazadas están 18 del género Atelopus y 18 del género Pristimantis (anfibios), además del paujil piquiazul, el mono araña y el arrierito antioqueño. Antioquia fue identificado como el departamento con mayor concentración de especies afectadas, mientras que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali aparece como una de las zonas más críticas.

Sin embargo, existe un problema fundamental: los animales no son reconocidos como víctimas en el sistema de justicia transicional colombiano. Según Nicolás Mayorga, profesor de derecho internacional de la Universidad de La Sabana, "El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no los contempla como víctimas". El experto explica que este sistema fue creado bajo una "noción de víctima estrictamente humana" y ninguna de sus leyes complementarias contempla una categoría que permita acreditar a un animal como víctima.

Mayorga señala que detrás de esta invisibilidad existe un problema más profundo: el paradigma antropocéntrico del derecho, es decir, la idea de que el medio ambiente y los animales existen únicamente en función del ser humano. Cuando se interpreta desde esta perspectiva, "los animales muertos en un combate son daños colaterales" sin que su sufrimiento active ningún mecanismo de justicia.

Un cambio jurídico importante ocurrió en 2010 cuando la Corte Constitucional reconoció a los animales como seres sintientes (capaces de sentir) y no como cosas. Posteriormente, la Ley 1774 de 2016 reforzó este reconocimiento. Sin embargo, trasladar esto al contexto del conflicto armado sigue siendo complejo. Juan Pablo Sarmiento, profesor de derecho constitucional de la Universidad de La Sabana, explica que muchas normas de protección animal no existían cuando ocurrieron los hechos más graves del conflicto, lo que presenta un obstáculo legal conocido como "irretroactividad de la norma". También advierte sobre la dificultad de determinar si el maltrato animal fue intencional o una consecuencia accidental de las dinámicas de guerra.

El informe propone medidas concretas de reparación como restauración de hábitats, creación de santuarios, fortalecimiento de áreas protegidas y atención veterinaria para animales desplazados. Pero implementar esto dentro de la justicia transicional presenta desafíos operativos. Como señala Mayorga, "El primer desafío es la representación. Los animales no pueden comparecer", un problema que la Corte Constitucional ya enfrentó cuando designó representantes legales para proteger el río Atrato. Restaurar ecosistemas también exige presencia técnica constante en territorios donde todavía actúan grupos armados y prospera la economía ilegal. Para Sarmiento, la reparación no debe ser una indemnización, sino "una restauración del ecosistema".

El debate de fondo va más allá de lo jurídico. El informe concluye que la paz sostenible no puede limitarse a recomponer relaciones humanas. Reconocer a los animales como víctimas implicaría ampliar la comprensión tradicional de lo que es la violencia en el conflicto y aceptar que la guerra también deja heridas sobre otras formas de vida. Como resume Mayorga, la destrucción ambiental y la violencia contra los animales no pueden seguir viéndose como daños secundarios si las generaciones futuras tienen derecho a ecosistemas intactos.