Décimas de miles de trabajadores colombianos que decidieron cambiar sus ahorros pensionales de fondos privados hacia Colpensiones ahora están atrapados en una batalla judicial que nadie esperaba. El Consejo de Estado frenó en seco el Decreto 415, expedido en abril de 2026, que reglamentaba precisamente ese traslado. El resultado es que aproximadamente 25 billones de pesos que debían haber llegado a Colpensiones siguen congelados en administradoras privadas, generando un panorama incierto para quienes ya tomaron la decisión de cambiar de sistema.

Lo que preocupa al Gobierno es una ecuación difícil de resolver: los trabajadores ya migraron a Colpensiones, lo que significa que esa entidad pública ahora es responsable de pagar sus futuras pensiones. Pero sus recursos económicos siguen atrapados en los fondos privados. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo lo dijeron claro en un comunicado conjunto: es imposible que Colpensiones pague obligaciones pensionales de personas cuyos dineros permanecen en otro lado. Es como pedirle a un profesor que enseñe sin tiza. La situación crea un agujero financiero en el sistema de prima media justo cuando intenta absorber más afiliados.

La decisión judicial fue tomada como medida provisional mientras el Consejo de Estado analiza de fondo si el decreto es legal o no. Varios demandantes presentaron recursos contra la norma, argumentando que el Gobierno no siguió los procedimientos correctos establecidos en la reforma pensional de 2024 que permitió este traslado excepcional. Los magistrados decidieron frenar todo mientras investigan, pero eso dejó a los trabajadores en tierra de nadie: ni en un sistema ni en otro.

La tensión entre el Ejecutivo y las cortes se ha intensificado. El presidente Gustavo Petro reaccionó fuertemente, diciendo que "el Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión" e inclusive pidió investigar al magistrado ponente por prevaricato. De su lado, el Consejo de Estado mantiene que la suspensión es temporal y que seguirá estudiando si el decreto cumplía con todos los requisitos legales exigidos en la reforma de 2024.

Mientras tanto, para los trabajadores la situación es incómoda. Algunos ya esperan una pensión que técnicamente deberían estar recibiendo de Colpensiones, pero el sistema público dice que no puede pagarlo sin los recursos. Las administradoras privadas, por su parte, dicen que esos dineros les corresponden porque el traslado nunca se completó legalmente. El proceso judicial seguirá, pero la incertidumbre financiera para miles de colombianos continúa creciendo sin una solución a la vista.