La Superintendencia de la Economía Solidaria levantó una alerta sobre hechos que calificó como "de la mayor gravedad" durante una asamblea extraordinaria de accionistas de Coosalud Cooperativa. De acuerdo con la entidad de control, personal de seguridad impidió el ingreso a los participantes autorizados, entre ellos el representante legal de la Cooperativa, delegados de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia Nacional de Salud. Según la constancia de los asistentes, la restricción habría sido ordenada directamente por Jaime González y Diana Bolaños.

Antes de explicar lo ocurrido, es importante aclarar un punto que ha generado confusión: Coosalud Cooperativa y Coosalud EPS son dos entidades jurídicas distintas, aunque relacionadas. La Cooperativa es la propietaria de la EPS, pero cada una tiene su propio patrimonio, administración y supervisión estatal. Mientras que la EPS es vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, la Cooperativa está bajo el control de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Este detalle es clave para entender que la intervención administrativa que la Supersolidaria mantiene sobre la Cooperativa continúa vigente, independientemente de que un tribunal haya suspendido la intervención sobre la EPS.

La negativa de acceso a la asamblea plantea problemas serios en la gobernanza de estas organizaciones. La Superintendencia de la Economía Solidaria advirtió que "la negativa de ingreso a una Asamblea debidamente convocada puede afectar el ejercicio de los derechos de los accionistas, obstaculizar las funciones de las autoridades competentes y profundizar la crisis de gobernabilidad". Cuando una asamblea no puede realizarse, se impide que los dueños tomen decisiones estratégicas sobre la entidad.

El bloqueo adquiere mayor importancia porque Coosalud EPS administra recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Cualquier obstáculo para ejercer control sobre cómo se manejan estos recursos representa un riesgo para los usuarios y para el sistema de salud en general. La Supersolidaria también señaló otro hecho preocupante: el acceso biométrico del agente interventor saliente de la EPS fue retirado de manera unilateral, sin un proceso formal de entrega de funciones, lo que cuestiona la transparencia en la transición administrativa.

Frente a lo sucedido, la Superintendencia de la Economía Solidaria enfatizó que continuará actuando dentro del marco legal, documentando los hechos y adoptando las medidas necesarias para proteger los recursos destinados a garantizar la prestación de servicios de salud. La entidad también planteó una pregunta fundamental que requiere respuesta de las autoridades: quién o quiénes tenían interés en impedir que la asamblea se realizara.