En Santa Marta, donde se realiza la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, la abogada Katherine Bustamante González plantea un diagnóstico incómodo para el país: el problema ya no es tener reglas claras, sino hacerlas realidad. Bustamante es especialista en derecho minero energético y coordinadora de la especialización en derecho ambiental de la Corporación Universitaria Unisabaneta, y en entrevista con El Tiempo sostiene que "el derecho tiene que dejar de ser un espectador para volverse un agente real de cambio".

Según Bustamante, Colombia cuenta con una base normativa sólida desde la Constitución de 1991 y sus compromisos internacionales en materia ambiental. Sin embargo, ese marco legal no se ha traducido en acciones concretas. La abogada es contundente al señalar que "el derecho no se puede seguir haciendo el loco" respecto al impacto de los combustibles fósiles. El problema, explica, está en que la legislación ambiental sigue anclada en marcos como la Ley 99 de 1993 sin adaptarse a los desafíos actuales del cambio climático.

Para la experta, la transición energética no puede seguir siendo una opción sujeta a la voluntad de cada gobierno. "No es un asunto de si queremos o no. Es un criterio de obligatoriedad", insiste. Esto significa convertir la descarbonización en un eje orientador del derecho colombiano, pero de manera progresiva con metas verificables y mecanismos claros de fiscalización. Bustamante propone fortalecer compras públicas verdes y crear instrumentos que demuestren que la transición energética puede generar beneficios económicos reales.

Uno de los desafíos más sensibles que identifica está en los territorios. Regiones como el nordeste antioqueño o municipios como Puerto Wilches dependen fuertemente de la minería y el petróleo, y sus habitantes enfrentan un dilema complejo. Por eso, cualquier política de transición debe incluir planes de reconversión laboral pertinentes que ofrezcan alternativas reales a trabajadores de todas las edades, para que puedan integrarse a nuevas dinámicas económicas sin quedar abandonados.

Bustamante también señala un vacío crítico: aunque existen normas ambientales, faltan mecanismos claros para exigir responsabilidad por incumplimiento. El principio de "quien contamina paga" sigue siendo solo eso, un principio en el papel. Propone establecer límites claros y consecuencias concretas basadas en evidencia técnica y científica para quienes violen las normas. Además, sugiere usar mecanismos judiciales como la acción de tutela para consolidar el clima como un derecho fundamental que pueda ser defendido en los tribunales.

El mensaje de la jurista es directo: el derecho colombiano ya tiene las herramientas para enfrentar la crisis climática, lo que falta es decisión política para aplicarlas. Sin ese paso, cualquier acuerdo o conferencia internacional seguirá siendo solo una declaración sin impacto real en el terreno.