Imagine que autoriza un gasto en su casa sin saber realmente cuánto saldrá de su bolsillo ni cuántas veces tendrá que pagarlo. Algo parecido ocurre en el Congreso colombiano: casi una de cada tres leyes aprobadas en 2024 con impacto en las finanzas públicas fue sancionada sin poder calcular con precisión su costo. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló este hallazgo preocupante que expone un vacío institucional importante en la toma de decisiones legislativas.

De las 98 leyes sancionadas en 2024, exactamente el 32,7% implicaba gasto público pero no pudo ser cuantificado por el Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, las 17 leyes que sí pudieron ser medidas costaron 11,4 billones de pesos, la cifra más alta registrada en años recientes. Pero aquí está el detalle inquietante: esta cifra no incluye el costo de aquellas normas que no se pudieron evaluar, lo que significa que el gasto real probablemente sea mucho mayor.

Para entender la gravedad, basta comparar con el pasado. Entre 2003 y 2010, el impacto anual promedio de las leyes era de alrededor de 2,8 billones de pesos. El salto a 11,4 billones en 2024 no es un aumento cualquiera. Y lo más delicado: la mayoría de estos gastos son permanentes, es decir, no son compromisos de un año sino obligaciones que se repiten año tras año, comprometiendo el presupuesto estructuralmente.

El origen del problema es institucional. La ley colombiana exige que los proyectos de gasto incluyan estimaciones de su impacto fiscal, pero esa información a menudo no existe o es insuficiente. Peor aún, existe desde 2019 una Ley 1985 que ordenó crear una Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal dentro del Congreso para evaluar rigurosamente el costo de las iniciativas legislativas. Pero esta oficina nunca fue implementada. El resultado: los congresistas dependen principalmente de lo que el Gobierno ejecutivo les dice sobre los costos, sin capacidad técnica propia para verificar.

Este vacío de poder tiene consecuencias reales. El Congreso opera sin claridad sobre las presiones fiscales que genera con sus decisiones. Esto reduce la calidad del debate público y debilita la capacidad del Legislativo para tomar decisiones informadas. Mientras tanto, las finanzas públicas colombianas enfrentan un problema estructural: más del 85 por ciento del presupuesto nacional ya está comprometido por obligaciones legales o constitucionales. Agregar nuevas leyes de gasto sin medirlas es como añadir peso a un sistema que ya está al borde del colapso.

El absurdo del asunto es que implementar esta oficina técnica costaría apenas 3.000 millones de pesos anuales, una cifra marginal. El costo de las leyes de 2024 equivale a más de 3.000 veces esa cantidad. No es dinero lo que falta, sino decisión política de fortalecer la gobernanza fiscal. Con la instalación del nuevo Congreso en julio, esta será una decisión determinante para evitar que las finanzas públicas se deterioren aún más.