Colombia tiene en estos días sus principales arterias viales colapsadas al mismo tiempo, una situación que no se veía hace años en el transporte de carga. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera alertó que esto pone en riesgo el abastecimiento de alimentos, medicamentos y bienes básicos para millones de personas en el país. El panorama es crítico: mientras una región intenta resolver un problema, tres nuevos cierres aparecen en otro lado del mapa.

En Cauca, la Panamericana está prácticamente cerrada tras un atentado terrorista que destrozó la malla vial. Solo permite el paso de vehículos particulares y motos, dejando sin abastecimiento a Cauca, Nariño y Putumayo. En Antioquia, la Troncal de Occidente, que conecta Medellín con la Costa Atlántica, lleva 12 días paralizada por un paro minero que ya causa pérdidas superiores a los 82.000 millones de pesos en el sector transportista. Lo alarmante es que esto no es nuevo: desde 2022 este paro se repite cada año, acompañado de ataques contra los camiones. En lo que va de 2026 ya hay dos camiones incinerados y varios vandalizados.

Las alternativas de ruta tampoco ofrecen salida. El desvío natural por Urabá tiene tres puentes caídos (dos bajo responsabilidad del Invias y uno de la ANI), lo que lo hace inviable. Queda entonces la ruta por el Magdalena Medio hacia la Ruta del Sol, pero es más larga, costosa y operativamente compleja. Como si fuera poco, esa misma Ruta del Sol tuvo interrupciones el 24 de marzo entre Plato y El Difícil por bloqueos comunitarios. El acceso al puerto de Aguadulce en Buenaventura está completamente cerrado, lo que afecta directamente las exportaciones del país.

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, fue clara al respecto: "Si bien reconocemos el derecho legítimo a la protesta, este no puede ejercerse de manera ilimitada ni a costa de vulnerar derechos fundamentales de millones de colombianos, como el acceso a bienes esenciales, la movilidad y el trabajo. Mucho menos a través de actos violentos que históricamente se ensañan contra vehículos de carga que solo cumplen un servicio público esencial para el país".

Los transportistas piden que el Gobierno abra las vías de forma inmediata mientras negocia las causas de fondo de estas protestas. También exigen garantías reales de seguridad en los corredores estratégicos y protocolos que eviten la repetición sistemática de estos bloqueos, que típicamente se anuncian con anticipación. Lo que está en juego es simple: la capacidad del país para funcionar.