El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos respondió con dureza a las recientes críticas del presidente Gustavo Petro contra propietarios rurales, en una disputa que dejó al descubierto cómo una medida de modernización catastral está causando convulsión en el sector agropecuario colombiano.

Durante el consejo de ministros, Petro se refirió a lo que llamó "la parrandada de terratenientes improductivos que no pagan impuesto sobre la tierra". José Félix Lafaurie Rivera rechazó categóricamente esta acusación en una columna publicada el 27 de marzo de 2026. Para él, la premisa presidencial es completamente equivocada. "Todos los propietarios de tierra pagan impuesto, con pocas excepciones", afirmó, refiriéndose principalmente a los resguardos indígenas, cuyas tierras están exentas del impuesto predial.

El verdadero problema, según Lafaurie, no es evasión sino negligencia estatal. Durante años, incluso décadas, el Gobierno no actualizó el catastro rural. Los dueños pagan exactamente lo que el Estado les cobra según avalúos antiguos. Pero ahora, con la implementación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo y la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esos avalúos se están corrigiendo de manera abrupta. Las cifras son vertiginosas. En Saravena, Arauca, los avalúos subieron 2,5 millones de por ciento. En el departamento del Atlántico los aumentos promedian 18.000 por ciento. Incluso en Nariño, región azotada históricamente por pobreza y violencia, suben 766 por ciento. Aunque la ley permite incrementos anuales limitados, estos se acumularán durante años, multiplicando el efecto.

Lafaurie cuestiona también que se haya respetado la Ley Agraria de 1993, que ordena que los avalúos rurales consideren solo la capacidad productiva del suelo. Los resultados sugieren que se incluyeron otros criterios. El propio IGAC reconoce un rezago promedio de 15 años en el catastro, con municipios que no se actualizaban desde hace dos o tres décadas. Para el ganadero, no se puede corregir de golpe un abandono estatal crónico dejando que los agricultores carguen con el costo total.

Su conclusión es alarmante: esta actualización, implementada en un sector rural debilitado por abandono y violencia, será "un camino hacia la quiebra rural". Aunque reconoce que hay límites legales anuales de incremento, la tendencia será creciente durante varias vigencias, haciendo económicamente inviable la ganadería y la agricultura en muchas regiones. Lafaurie advierte que el sector deberá movilizarse ante lo que califica como "una exacción" tributaria.