La suspensión total del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado reabrió las preocupaciones sobre la capacidad del sistema para cumplir con futuras obligaciones pensionales. El decreto buscaba que las administradoras de fondos privados trasladaran directamente a Colpensiones los saldos de quienes utilizaron la ventana pensional, pero el tribunal decidió frenar completamente esta medida. Aunque los expertos consultados tranquilizan sobre el riesgo inmediato de las mesadas, todos reconocen que Colombia enfrenta un problema jurídico sin resolver.

La controversia nació de una reforma incompleta. La Ley 2381 de 2024 permitió a personas que estuvieran a menos de diez años de pensionarse trasladarse entre regímenes. Alrededor de 120.000 personas utilizaron esta posibilidad, pero cuando la Corte Constitucional suspendió parcialmente la reforma en 2025, dejó vigente el artículo que permitía los traslados pero suspendió el que creaba un fondo administrado por el Banco de la República para recibir esos recursos. El resultado: miles de afiliados quedaron trasladados a Colpensiones sin un destino legal claro para su dinero. El Gobierno entonces intentó resolver esto con el Decreto 415, pero el Consejo de Estado lo frenó al considerar que solo el Congreso puede decidir quién administra los ahorros pensionales.

Juliana Morad, directora del observatorio laboral de la Javeriana, explicó que el tribunal tiene razón: "definir quién administra los ahorros pensionales solo lo puede hacer el Congreso, no el Gobierno por decreto". Lo preocupante para ella es que el Ejecutivo intentó llenar mediante decreto un vacío que la Corte Constitucional aún no resuelve casi diez meses después de suspender la reforma. Christian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, agregó que el Gobierno buscaba trasladar unos 25 billones de pesos, aunque solo alrededor de 5 billones corresponderían a personas que ya cumplen requisitos para pensionarse. El resto pertenecería a afiliados que aún están lejos de consolidar su derecho.

A pesar de la incertidumbre, los expertos descartan un riesgo inmediato para las mesadas en curso. Morad aclaró que el reconocimiento pensional ya realizado no depende del decreto suspendido y recordó que Colpensiones funciona bajo un esquema de reparto respaldado por el Presupuesto General de la Nación. "Las mesadas no están en riesgo. El reconocimiento pensional ya está hecho y no depende del decreto", afirmó la académica. La sostenibilidad financiera de Colpensiones descansa principalmente en cotizaciones, reservas y respaldo estatal, no necesariamente en el traslado masivo de esos recursos. Quiñónez, aunque mantiene una posición más crítica frente al Gobierno, coincide en que es exagerado afirmar que no habría recursos para pagar pensiones, especialmente porque la ley sigue obligando a los fondos privados a trasladar los recursos de quienes ya consolidaron su derecho pensional.

La pelea jurídica abrió un nuevo debate sobre el manejo fiscal. Quiñónez sostiene que el Gobierno intentó usar esos recursos para aliviar sus problemas de caja y liquidez estatal. "El gobierno quiso subsanar sus problemas económicos y de caja vía decreto", afirmó. Para él, la suspensión del Consejo de Estado representa un mensaje sobre la separación de poderes que impide que el Ejecutivo maneje libremente recursos pensionales mediante decretos.

Mientras tanto, el problema de fondo persiste sin resolver. Morad insiste en que la ausencia de una definición definitiva por parte de la Corte Constitucional es lo que genera esta crisis. Colombia quedó atrapada entre una ventana de traslado vigente, un fondo suspendido y un decreto posteriormente frenado. "Lo que protege a los pensionados es el ordenamiento operando como debe. Lo que los pone en riesgo es que sus ahorros se manejen sin respaldo legal", concluyó Morad, mientras continúa la incertidumbre sobre cómo se resolverá finalmente el manejo de esos recursos en Colpensiones.