Nueva EPS enfrenta una paradoja que tiene en vilo a organismos de control y expertos: es la aseguradora más grande del país, concentra a más de 11 millones de colombianos, pero el Gobierno no permite que el país conozca con precisión el estado real de sus finanzas. Mientras el presidente Gustavo Petro plantea liquidar siete EPS que agrupan más de 12 millones de afiliados, ordena preservar a Nueva EPS a toda costa, aunque sus indicadores financieros son tan graves como los de las que pretende cerrar.

La intervención que llegó en abril de 2024, presentada como salvavidas de la entidad, no funcionó. Por el contrario, los números muestran que la crisis se aceleró. En marzo de 2025, Nueva EPS reportaba una deuda de 21,37 billones de pesos y un patrimonio negativo de 6,25 billones. La Contraloría clasificó esta situación como "inviabilidad estructural". Pero hay un problema mayor: desde hace tres años no se conocen estados financieros actualizados, certificados y aprobados de la aseguradora. Los balances de 2023 y 2024 siguen sin cerrarse, lo que significa que nadie tiene claridad total sobre la magnitud real del deterioro.

Los problemas van más allá de los números rojos. Auditorías recientes encontraron irregularidades en casi todo: anticipos que se dispararon de 3,4 a 8,6 billones entre 2023 y 2024, reservas técnicas defectuosas, y un represamiento de facturas cercano a 22 billones de pesos, de los cuales el 97 por ciento nunca ha sido auditado. Todo esto genera inconsistencias contables que imposibilitan conocer la verdadera situación financiera de la EPS.

La operación diaria también se deterioró. En 2025, las quejas de usuarios aumentaron 107 por ciento. Hospitales han embargado más de 2 billones de pesos por falta de pagos. El acceso a servicios y medicamentos enfrenta barreras crecientes. Desde que comenzó la intervención, Nueva EPS ha tenido cinco interventores diferentes en poco más de un año, lo que revela desorganización en la gestión y falta de una estrategia clara de recuperación.

La decisión de salvar a Nueva EPS mientras se liquidan otras genera una pregunta incómoda: cómo sostener al mayor asegurador del país sin tener transparencia sobre su verdadera crisis. Los especialistas advierten que una liquidación masiva de EPS podría desencadenar una crisis sin precedentes en el sistema de salud. Pero mantener a Nueva EPS sin información clara sobre su situación también representa riesgos enormes. Con más de 11 millones de afiliados, cualquier colapso tendría efectos inmediatos en hospitales, tratamientos y estabilidad del sistema completo.

El gobierno enfrenta un dilema sin salida fácil: preservar una entidad cuya viabilidad financiera está en duda y cuyos números reales permanecen ocultos, o reconocer que el problema es sistémico y requiere soluciones más profundas que cambios administrativos. Mientras tanto, millones de colombianos siguen esperando claridad sobre quién responde por su atención médica.