A menos de una semana de las elecciones, el Ministerio de Salud y Protección Social avivó la polémica política al incorporar oficialmente más de 400 funcionarios a su nueva estructura organizacional. La Resolución 001140, firmada el 17 de junio por el secretario general de la cartera, entra en vigor el 23 de junio e incluye el traslado de servidores en provisionalidad y de libre nombramiento y remoción a la planta de personal creada este año por el Gobierno.

El senador electo Andrés Forero fue una de las voces que más rechazó la decisión. A través de sus redes sociales, Forero expresó que "Guillermo A. Jaramillo no tiene vergüenza. En plena crisis y a menos de una semana de elecciones nombró en provisionalidad a más de 400 personas con costo anual de $60,000 millones". El crítico dirigente señaló tanto el número de incorporaciones como el impacto que tendría en las finanzas públicas del país.

El Ministerio justifica estas incorporaciones como parte de un proceso de transformación institucional que comenzó en enero de 2026, derivado de los Decretos 120 y 121. Según la entidad, los cambios responden a la necesidad de modernizar el sistema de salud con un enfoque preventivo y territorial, además de atender el crecimiento de cargas laborales especializadas. La reorganización incluye la definición de nuevos cargos con sus funciones, requisitos académicos y competencias específicas.

Sin embargo, el calendario de implementación es lo que genera más cuestionamientos políticos. Mientras el Ministerio presenta esto como una restructuración administrativa ordenada en fases, la oposición enfatiza que la proximidad con las elecciones presidenciales hace parecer la medida como un posicionamiento político de última hora. Esta no es la primera incorporación derivada de la reorganización: ya se habían integrado servidores de carrera administrativa mediante una resolución anterior.

El Ministerio defiende la legalidad de sus acciones citando el artículo 209 de la Constitución Política, que establece que la función administrativa debe cumplir con principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía. No obstante, la controversia permanece en el ambiente político nacional mientras se acerca la jornada electoral y el país debate sobre la responsabilidad fiscal en la gestión pública.