Colombia tiene un problema urgente que resolver: sus jóvenes y adolescentes están enfrentando condiciones de vida que amenazan su futuro y el del país. El Fondo de Población de las Naciones Unidas realizó un análisis exhaustivo sobre la situación de esta población en el país, que revela datos alarmantes. De los 14,8 millones de adolescentes y jóvenes colombianos entre 12 y 28 años, 4 de cada 10 viven en pobreza multidimensional, lo que significa que carecen de acceso a educación de calidad, vivienda digna, empleo, salud o servicios básicos. Además, este grupo etario presenta las tasas más altas de intentos de suicidio en toda la nación.

El problema educativo es particularmente grave. Aunque la cobertura en educación superior ha mejorado en los últimos años, pasando de 51,58 por ciento en 2020 a 57,53 por ciento en 2024, la situación es completamente opuesta en secundaria y bachillerato. La cobertura en educación básica secundaria cayó de 80,3 por ciento en 2021 a 75,2 por ciento en 2024, mientras que en educación media apenas la mitad de los adolescentes de 15 y 16 años se encuentran escolarizados. Esta brecha educativa genera un efecto cascada: estudiantes que abandonan el sistema no acceden a empleos dignos, salarios mejores ni educación superior, quedando atrapados en la pobreza.

La salud mental se ha convertido en otra crisis silenciosa entre los jóvenes. Las mujeres registran tasas especialmente preocupantes de intentos de suicidio, con 310,5 casos por cada 100.000 habitantes en el rango de 15 a 19 años, comparado con 129,6 casos en hombres del mismo rango. Sin embargo, acceder a servicios de salud mental resulta prácticamente imposible para muchos. El informe señala una relación directa entre la pobreza y los síntomas de depresión en personas de 11 a 25 años, creando un círculo vicioso: la falta de dinero afecta la salud mental, que a su vez impide que los jóvenes estudien y trabajen.

En el mercado laboral, aunque hay algunas mejoras recientes, la situación sigue siendo crítica. Aproximadamente el 60 por ciento de las personas que no estudian ni trabajan son jóvenes, en lo que el análisis describe como una "situación de doble exclusión". Aunque la tasa de desocupación juvenil bajó a 17,1 por ciento en 2025, el nivel sigue siendo muy alto comparado con el de otros grupos etarios. Los investigadores recomiendan fortalecer la educación técnica y vocacional como una alternativa que permita que jóvenes que no accedan a universidades encuentren caminos laborales dignos.

La violencia también cobra un precio alto en esta población. Durante 2025, jóvenes de 18 a 28 años fueron el segundo grupo etario con más muertes violentas, registrándose 5.100 presuntos homicidios. Además, aproximadamente 1 de cada 3 víctimas del conflicto armado en Colombia es adolescente o joven, destacando que este grupo representa el 22,6 por ciento del total de víctimas.

Pese al cuadro sombrío, existe una ventana de oportunidad. Colombia aún se encuentra en el período de "bono demográfico", donde la proporción de jóvenes trabajadores es mayor que la de dependientes. Sin embargo, las proyecciones indican que esto terminará entre 2054 y 2055. Luis Mora, representante de la UNFPA Colombia, explicó que "buscamos contribuir a que las instituciones de gobierno a nivel local, regional y nacional, la cooperación internacional y las organizaciones tomen decisiones informadas y basadas en evidencia para que cada joven y adolescente pueda ejercer plenamente sus derechos". El informe enfatiza que es imprescindible abordar las profundas desigualdades territoriales, mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, empoderarlos mediante educación y empleo, y garantizar acceso a servicios de salud mental adaptados a sus necesidades. El tiempo para actuar se acaba.