A propósito del Día Internacional del Trabajo, las cifras sobre el empleo doméstico en Colombia pintan un panorama desalentador. Más de 703 mil personas se dedican a este trabajo en el país, pero el 70% al 83% no cuenta con seguridad social. El sector es profundamente feminizado: el 91% de quienes laboran en empleos domésticos son mujeres, y en el caso de migrantes la informalidad llega hasta el 98%.

La precarización económica agrava la situación. El 62% de las trabajadoras gana un salario mínimo o menos, mientras que en zonas rurales el 65% percibe menos de la mitad del salario mínimo legal. El ingreso promedio mensual se ubica en 926.361 pesos, claramente insuficiente. A esto se suma que muchas laboran entre 11 horas diarias en promedio de 41,6 horas semanales, con casos donde superan las 48 horas especialmente quienes viven en el lugar de trabajo.

Lo más preocupante es que apenas el 14% cotiza al sistema de pensiones. Esto significa que la gran mayoría enfrenta un futuro sin garantías económicas en la vejez. Según Catalina Vargas, directora de país de CARE Colombia, "Sin este trabajo, la economía del cuidado simplemente no funciona, lo paradójico es que quienes lo sostienen siguen sin poder ejercer plenamente sus derechos".

Las trabajadoras domésticas reclaman cambios inmediatos. Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, fue clara: "Durante años hemos luchado para que se reconozca que nuestro trabajo es trabajo. No es ayuda, no es colaboración: es un empleo que debe tener derechos, garantías y respeto". Ana Salamanca, secretaria técnica del Intersindical de Trabajo Doméstico, complementa que "El trabajo doméstico sostiene la vida y la economía. Se requiere un mayor compromiso para garantizar condiciones dignas".

Las organizaciones insisten en la urgencia de formalización. CARE Colombia impulsa iniciativas bajo el mensaje #ElTrabajoDomésticoEsTrabajo para posicionar la protección social como prioridad en la agenda pública. El llamado es claro: se necesita mayor corresponsabilidad entre Estado, empleadores y sociedad para garantizar que quienes realizan este trabajo esencial accedan a derechos dignos y estables.