La informalidad laboral en Colombia se ha convertido en un dolor de cabeza para las finanzas públicas. Con más del 55% de los trabajadores operando por fuera del sistema formal, el país tiene alrededor de 13 millones de personas que no cotizan a salud, pensiones ni otras prestaciones. Esto significa que mientras una buena parte de la población demanda servicios esenciales, una proporción mucho menor contribuye a financiarlos.

Según Alejandro Jaramillo Fonseca, analista de coyuntura económica y laboral, "la alta informalidad laboral continúa siendo uno de los principales obstáculos para fortalecer la economía del país". El problema es más profundo de lo que parece: no solo afecta la protección social de las personas, sino que también genera un desequilibrio estructural en el que la base de contribuyentes no alcanza para sostener los servicios que la población necesita.

El impacto no se limita a las arcas públicas. Un mercado laboral con tanta informalidad reduce la productividad general del país, porque trabajadores sin contrato formal tienden a tener menos acceso a capacitación, herramientas y estabilidad para ser más productivos. Esto, a su vez, limita el crecimiento económico y la capacidad de las empresas para expandirse e invertir. "El problema de fondo sigue siendo la calidad del empleo", subrayó Jaramillo, explicando que aunque se creen nuevos puestos de trabajo, muchos no ofrecen las condiciones ni la estabilidad que los trabajadores necesitan.

El próximo gobierno llegará a enfrentar este reto en un momento particularmente difícil. Las tasas de interés están al 11,25% como medida para controlar la inflación, lo que encarece el crédito para empresas y desestimula la inversión. "Hoy tenemos un entorno complejo: tasas de interés altas para controlar la inflación, un crecimiento que sigue siendo limitado. En este contexto, las empresas enfrentan mayores costos y menor demanda, lo que termina afectando la inversión y la generación de empleo formal", advirtió el analista.

Reducir la informalidad requerirá más que buenas intenciones. Se necesitarán políticas concretas que bajen las barreras para crear empresas, faciliten la contratación formal y generen las condiciones para que el crecimiento ocurra dentro de la legalidad. Colombia lleva dos años sin avances significativos en este frente, y el tiempo se está acabando. La capacidad del próximo gobierno para enfrentar este desafío será determinante para la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico de los próximos años.