El Gobierno lleva prisa recaudando dinero y parece que podría estar cosechando más de lo esperado. La administración anunció que los nuevos impuestos de la emergencia económica deberían traer 8,5 billones de pesos a las arcas públicas. Pero según Christian Quiñónez, quien fue subdirector de Fiscalización de la DIAN, esa cifra se quedará corta. Él sostiene que solo con el impuesto al patrimonio el Gobierno podría recaudar entre 11 y 12 billones de pesos, es decir, casi el doble de lo presupuestado.

Este cálculo plantea una pregunta incómoda: ¿qué hará el Gobierno con esos billones adicionales? "Uno se pone a analizar y el gobierno sigue con la proyección de 8,5 billones de pesos, pero ya el impuesto al patrimonio rebasa los 12 billones según los cálculos", explica Quiñónez. La diferencia entre lo previsto y lo que realmente entre podría ser significativa, pero no hay claridad sobre el destino de ese dinero extra.

Lo que complica aún más el panorama es que varios de estos tributos no son nuevos. El Gobierno simplemente reactivó medidas que había intentado implementar en una emergencia económica anterior y que fueron suspendidas. Entre ellas figuran el impuesto al consumo en juegos de azar, procesos de normalización tributaria y amnistías para morosos. En palabras de Quiñónez, el Gobierno hizo "copiar y pegar exactamente lo mismo que ya estaba antes".

Pero hay otro problema más serio: la validez legal de toda esta emergencia está en entredicho. Los analistas cuestionan si realmente había justificación constitucional para decretar un estado de excepción. Según Quiñónez, "no existe la justificación adecuada para manifestar que era necesario decretar un estado de excepción por la ola invernal". Si la Corte Constitucional llegara a tumbarse el decreto que originó toda esta emergencia, caerían con él todos los impuestos. Esto podría explicar por qué el Gobierno fijó plazos tan cortos para el pago del impuesto al patrimonio: quiere asegurar el dinero antes de cualquier fallo judicial.

Para el bolsillo de los colombianos, esto tiene consecuencias reales. Las empresas que no esperaban pagar este impuesto tendrán que reorganizar sus finanzas de urgencia. Ese costo probablemente termine trasladándose a los precios que ustedes pagan por productos y servicios. Las universidades también enfrentarán pagos significativos, lo que podría significar aranceles más altos para los estudiantes. En la práctica, un impuesto sorpresivo a mitad de año es un gasto inesperado que alguien termina pagando, generalmente el consumidor final.