El Gobierno metió la pata al revivir impuestos viejos para financiar la emergencia climática. Según expertos consultados por el medio Portafolio, las nuevas medidas tributarias no solo enfrentarán demandas ante la Corte Constitucional, sino que crean un caos legal potencial: podrían terminar cobrando dos veces el mismo impuesto si los jueces levantan las suspensiones antiguas.

El problema de fondo es que el Ejecutivo reintrodujo sin resolver un punto clave. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), explica que estos tributos estuvieron suspendidos pero nunca fueron tumbados definitivamente en la emergencia económica anterior. Ahora el Gobierno los metió de nuevo en el decreto. "Si la Corte Constitucional decide levantar la suspensión provisional, quedarían dos nuevos impuestos nacionales al consumo de juegos de suerte y azar por internet, dos amnistías de la Dian y dos impuestos de normalización, cuando el hecho generador y la base gravable es el mismo", advierte Junco. Además, cuestiona la forma como se clasificó el impuesto al patrimonio como instantáneo cuando realmente es de periodo, un error técnico que podría generar inconstitucionalidad.

Para las empresas, la noticia es aún peor. Olga Tapias, especialista en impuestos de Russell Bedford en Bogotá, señala que el decreto amplía la base de contribuyentes al patrimonio e incluye filiales extranjeras con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario. El timing es pésimo: las compañías ya están bajo presión por la reforma laboral y el aumento del salario mínimo. "Es grave. Es un impuesto que no se tenía previsto", dice Tapias, y advierte que esto podría cambiar las decisiones de inversión de las empresas y hasta la ubicación de nuevos proyectos.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el Estado. Christian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, calcula que solo el impuesto al patrimonio podría generar más de 11 billones de pesos, cifra que supera los 8,6 billones que el Gobierno estima necesitar para atender la crisis de lluvias. Esto abre una pregunta incómoda: ¿a dónde irán los recursos extras? Las amnistías tributarias también podrían ayudar en el corto plazo a aumentar el recaudo, aunque generan polémica por la percepción de que premian la evasión.

El futuro depende de lo que diga la Corte Constitucional. Los expertos coinciden en que el alto tribunal deberá evaluar si existe una relación directa entre los nuevos impuestos y la emergencia que se busca atender. Mientras tanto, las empresas colombianas enfrentan un 2026 lleno de incertidumbre, entre las elecciones y un panorama fiscal que cambia sin previo aviso.