La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar todas las EPS en quiebra abre un escenario de alta incertidumbre que preocupa a todos los actores del sistema de salud colombiano. Las siete EPS intervenidas son Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca, que en conjunto agrupan a más de 12 millones de afiliados que tendrían que ser reubicados en otras aseguradoras. Aunque el Gobierno sostiene que la medida es necesaria ante la insolvencia financiera de estas entidades, expertos, prestadores de servicios y organizaciones de pacientes interpretan la decisión como un intento de transformar el modelo de salud por la vía administrativa, después de que la reforma legislativa fracasara en el Congreso.

El principal desafío operativo es que el sistema de salud colombiano no tiene capacidad para absorber un traslado masivo de afiliados en corto tiempo. Según analistas, la mayoría de estos usuarios terminaría en la Nueva EPS, actualmente la aseguradora más grande del país con cerca de 11 millones de usuarios. Sin embargo, esa entidad ya enfrenta dificultades financieras y operativas. El exministro de Salud Alejandro Gaviria advierte que "La Nueva EPS está desbordada, no tiene capacidad de atender más pacientes. El gobierno sigue con la idea de trasladar allí millones de personas. El solo anuncio va a generar caos e incertidumbre. Es una locura", señaló. Otro exministro, Augusto Galán, concuerda en que una liquidación masiva sin una transición clara podría convertirse "en una vía de hecho para desmontar el modelo de aseguramiento" y advierte que "se puede generar un colapso total".

Para los hospitales y clínicas, la liquidación representa un riesgo financiero inmediato. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, advierte que las liquidaciones "nunca tienen un buen desenlace" para las instituciones prestadoras. Históricamente, cuando una EPS quiebra, los hospitales recuperan apenas una fracción de las deudas acumuladas, lo que debilita aún más a un sector que ya enfrenta crisis de liquidez. Jorge Toro, director de la Unión de IPS, alerta que el sistema atraviesa "una de sus peores crisis de caja" y que una decisión de esta magnitud sin mecanismos de protección "podría desencadenar un efecto dominó en el que clínicas y hospitales reduzcan servicios o incluso cierren". Toro llamó a que "se llegue a la mesura, al estudio técnico" y concluyó que "deben buscarse soluciones y no fatalidades".

Los pacientes son identificados como los más vulnerables ante este escenario. Las personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares o enfermedades raras dependen de tratamientos continuos y medicamentos permanentes que podrían verse interrumpidos durante una transición desordenada. El movimiento Pacientes Colombia, que agrupa más de 200 organizaciones, calificó la decisión como "irresponsable y temeraria" porque puede generar pánico y desorganización. La organización advierte específicamente sobre el riesgo de que los pacientes queden en un limbo si el traslado masivo se concentra en entidades con problemas financieros, y destaca la falta de claridad en el pago de deudas acumuladas y la protección del personal de salud.

El contexto político de la medida también genera preocupación entre analistas. La liquidación se anuncia después de que el Gobierno perdiera sus principales herramientas legislativas: la suspensión de decretos clave como el 0182 y 0858, y el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. Luis Jorge Hernández, académico de la Universidad de los Andes, considera que la liquidación aparece como "un mecanismo indirecto para modificar la arquitectura" del sistema después de que la vía legislativa se cerrara. Según Galán, el intento del Gobierno responde a una intención estructural: reconstruir un modelo similar al antiguo Seguro Social concentrando el aseguramiento en una entidad de carácter público.

Especialistas coinciden en que el volumen de recursos en juego hace que cualquier error se amplifique. La cartera acumulada entre EPS intervenidas y liquidadas alcanza varios billones de pesos. El consultor en sistemas de salud Ramón Abel Castaño advierte que la medida podría derivar en una "catástrofe" mayor a la crisis actual, precisamente porque no resuelve el problema estructural de financiación e introduce nuevos factores de inestabilidad. Pacientes Colombia ha solicitado la intervención de organismos como la Corte Constitucional y entidades de control para evitar que la liquidación genere una crisis mayor y proteja el derecho fundamental a la salud de los colombianos.