La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS con problemas financieros representa una de las decisiones más radicales sobre el sistema de salud colombiano en décadas. Durante el consejo de ministros del 16 de marzo, el mandatario fue directo: "Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas". La instrucción llegó después de que fracasara la reforma estructural en el Congreso, presentándose como un último recurso para controlar el gasto público.

El argumento central del Gobierno gira en torno a las finanzas del país. Petro ha enfatizado que las deudas acumuladas por las EPS superan los 32,9 billones de pesos, según la Contraloría, y que asumir esas obligaciones sería un riesgo inaceptable. El presidente ha calificado la idea de que el Estado cubra esas deudas como un "suicidio" económico, argumentando que los colombianos no deben pagar "deudas privadas" de administraciones anteriores.

Pero más allá del debate fiscal, la medida abre un abismo de incertidumbre operativa. Según expertos, el proceso podría darse en dos fases: primero saldrían siete EPS actualmente intervenidas que agrupan más de 12 millones de afiliados, incluyendo Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. Después vendría una segunda fase con EPS adicionales en dificultades financieras. El problema es que cuando una EPS se liquida, sus usuarios deben ser trasladados a otra aseguradora, y ese proceso masivo podría generar interrupciones graves en la atención. Los pacientes con enfermedades como diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares o enfermedades huérfanas, que dependen de tratamientos permanentes, quedarían especialmente expuestos.

Lo más preocupante es que el Gobierno aún no ha detallado cómo será el proceso técnico ni qué cronograma seguirá. Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, describe la situación de manera contundente: "Es otra medida populista e improvisada en salud por parte del gobierno nacional". Advierte que una liquidación masiva en menos de cinco meses no es viable desde el punto de vista legal ni desde la planeación en salud, y que esto causaría un "colapso operativo" con disrupción de redes de prestadores y riesgo de interrupciones en tratamientos médicos. Además, el traslado masivo de usuarios no resolvería la falta de capacidad instalada en el sistema, sino que la aumentaría.

Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, cuestionó fundamentalmente la estrategia y propuso alternativas como una reforma consensuada basada en criterios técnicos. Señaló un riesgo particularmente grave: muchos afiliados serían trasladados a Nueva EPS, la única aseguradora que el Gobierno salvaría de la liquidación, a pesar de estar en crisis. "Trasladar a 12 o 15 millones de colombianos a una EPS que no tiene red ni capacidad es poner en peligro la salud y la vida de los colombianos", advirtió, resaltando que la continuidad de tratamientos y la entrega de medicamentos estarían en riesgo.

El exministro Alejandro Gaviria alertó que la liquidación no responde solo a un objetivo de saneamiento financiero sino a una estrategia para estatizar de facto el sistema sin respaldo legal. "El presidente no puede saltarse las leyes", señaló, mientras identificaba riesgos concretos como la sobrecarga de Nueva EPS y el impacto sobre la red hospitalaria, especialmente en servicios de alta complejidad donde la red pública es limitada. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, explicó que estos procesos requieren planificación detallada y logística compleja que no puede improvisarse, pues cada traslado implica ajustes en redes, contratos y capacidades financieras.

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) señaló que el sistema ya atraviesa una crisis financiera con efectos humanitarios, marcada por la insuficiencia de pagos a prestadores e interrupciones en medicamentos y servicios. En este contexto, la liquidación podría agravar la situación. También cuestionó la legitimidad de la medida, considerando que los problemas han sido parcialmente inducidos por decisiones del propio Gobierno. Acemi, gremio de las EPS, coincidió en que la liquidación no resuelve problemas de fondo y puede trasladar la crisis a entidades que tampoco tienen capacidad de absorberla.

La orden presidencial deja un panorama de incertidumbre que afecta a millones de colombianos. Para muchos analistas, la medida no es una solución sino un catalizador que podría acelerar el deterioro del sistema en lugar de corregir sus fallas. La falta de planificación, la incertidumbre legal y la fragilidad financiera convergen en un escenario donde pacientes dependientes de tratamientos continuos enfrentarían riesgos de interrupción en su atención mientras el sistema se aproxima a un punto crítico.