La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra abre una pregunta urgente para millones de colombianos: ¿qué sucederá con nuestra atención en salud? Aunque la decisión aún no tiene un plan detallado, lo que se conoce hasta ahora sugiere que el proceso no sería de un día para otro, sino que ocurriría en dos fases con impactos distintos según quién sea el afiliado.

En una primera etapa caerían las ocho EPS que ya están intervenidas por el Gobierno: Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Nueva EPS, SOS, Famisanar, Capresoca y Coosalud. Estas concentran más de 12 millones de afiliados. Cuando una EPS se liquida, sus usuarios deben ser trasladados a otra para mantener la continuidad del servicio. El problema, según expertos como Luis Jorge Hernández de la Universidad de los Andes, es que un traslado masivo no es automático ni simple. Podría haber retrasos en citas médicas, interrupciones de tratamientos, problemas en la entrega de medicamentos y confusión sobre a dónde dirigirse. El exministro de Salud Augusto Galán advierte que estos procesos requieren meses o incluso años si se hacen bien. Si se aceleran, el impacto será directo sobre los pacientes, especialmente los de alto costo o con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares o enfermedades raras.

En una segunda fase entrarían otras EPS con números rojos que hoy no están intervenidas, como Sanitas, Compensar y Comfenalco Valle, más algunas EPS indígenas. En total, hasta 14 EPS podrían estar en la mira, agrupando más de 32 millones de afiliados. Esta segunda etapa tomaría más tiempo porque primero debe haber intervención, evaluación y decisión de la Superintendencia de Salud.

Aquí aparece el mayor problema: ¿a dónde irían todos esos millones de usuarios? Existen 28 EPS en Colombia, pero no todas tienen capacidad para crecer. Muchas de las más grandes también tienen problemas financieros. Esto genera tres escenarios posibles: distribuir los afiliados entre las EPS que sigan operando (riesgo de saturación), concentrarlos en una sola entidad como Nueva EPS (que también está en crisis), o avanzar hacia un cambio de modelo en el que el Estado asuma más funciones. Este último requeriría una ley de reforma que el Gobierno ha intentado dos veces sin éxito en el Congreso.

Para quienes están en EPS sin problemas, el impacto sería indirecto pero real: mayor congestión en servicios, demoras en atención y cambios en las redes de clínicas y hospitales. Incluso si su EPS no desaparece, el sistema en su conjunto podría volverse más lento y presionado. Los más vulnerables serían personas con cáncer, pacientes renales, quienes padecen enfermedades raras, adultos mayores y quienes están en tratamientos activos. Una interrupción, aunque sea temporal, puede tener consecuencias graves.

Otro impacto importante afectaría a clínicas, hospitales, médicos y distribuidores de medicamentos. Cuando una EPS se liquida, sus obligaciones entran en un proceso donde muchas veces no se pagan completamente. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, explica que en experiencias pasadas las instituciones han recuperado apenas una parte de lo que se les debe, lo que debilita toda la red de atención.

Todos los expertos coinciden en algo: esto no ocurrirá de inmediato. Liquidar una EPS implica decisiones de la Superintendencia de Salud, nombramiento de agentes liquidadores, definición de activos y deudas, y planes de traslado de usuarios. Puede tardar meses o años. Sin embargo, la incertidumbre ya comenzó. Lo que está claro es que el riesgo no solo está en cerrar EPS, sino en hacerlo sin garantizar claramente quién atenderá a millones de colombianos, cómo lo hará y con qué recursos.