El presidente Gustavo Petro tomó una decisión que remueve los cimientos del sistema de salud colombiano. Durante el consejo de ministros del 16 de marzo ordenó liquidar todas las EPS que estén en quiebra. La medida surge tras el fracaso de la reforma a la salud en el Congreso y afecta directamente a más de 12 millones de colombianos que dependen de estas entidades. "Todas las (EPS) que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas", afirmó el mandatario. El Gobierno también aclaró que no asumirá las deudas del sistema, argumentando que "sería un suicidio para Colombia sacar 50 billones de pesos".

Las siete EPS señaladas para liquidación son Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. La pregunta que surge es inevitable: ¿a dónde irán los millones de usuarios de estas aseguradoras? Todo apunta a Nueva EPS, actualmente la empresa de salud más grande del país con cerca de 11 millones de afiliados. Sin embargo, expertos consultados por El Tiempo advierten que esta concentración sería un desastre.

El profesor Luis Jorge Hernández, citado por El Tiempo, explica que "uno lo que asumiría es que el gobierno quiere que de todas esas EPS liquidadas, la gran mayoría de afiliados terminen en Nueva EPS". Pero advierte que la entidad no tiene la capacidad operativa para absorber ese volumen de población. "No puede con sus afiliados sumarle esta cantidad no va a poder", agrega Hernández. El riesgo es caótico: millones de personas quedarían temporalmente sin asegurador asignado durante los traslados masivos, y hospitales y clínicas podrían entrar en quiebra por falta de pagos.

La crisis de Nueva EPS es evidente en los números. De acuerdo con la Contraloría General de la República, su deuda creció un 198 por ciento entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. Su patrimonio cayó a un saldo negativo de 6,25 billones de pesos. La Contraloría calificó esta situación como una "inviabilidad estructural". Además, 95 instituciones de salud han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos contra la aseguradora, y las quejas de usuarios aumentaron 107 por ciento durante 2025.

El exministro de Salud Augusto Galán, en declaraciones a El Tiempo, vincula esta decisión con intentos previos del Gobierno de imponer su reforma sanitaria por otras vías. Señala que el Ejecutivo ya había tratado de trasladar masivamente afiliados a Nueva EPS mediante decretos que fueron suspendidos por los juzgados. "Este último lo que estaba buscando era justamente trasladarle masivamente a la Nueva EPS afiliados", explica Galán. La nueva orden sería aún más radical.

Ambos expertos coinciden en que el mayor daño recaerá en los pacientes. Galán advierte que "el mayor daño que puede causar esta medida es en usuarios y pacientes", especialmente en quienes padecen enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo, que podrían ver interrumpidos sus tratamientos. Hernández va más allá y advierte que "esta hiperconcentración no es buena se va a colapsar la Nueva EPS y si colapsa, colapsa la salud del país". Una transición de esta magnitud, concluyen, requiere planeación minuciosa y tiempo que el sistema de salud colombiano no tiene.