Desde el aire, la selva amazónica colombiana ya no es solo un mar verde continuo. Ahora presenta manchas grises y negras que marcan la deforestación, pero lo más preocupante son los miles de kilómetros de líneas que atraviesan el territorio: carreteras y vías ilegales que fragmentan el paisaje sin ninguna planificación estatal. Según la Fundación para Conservación y el Desarrollo Sostenible, desde 2017 se han construido más de 8.000 kilómetros de estas vías ilegales, y el 55 por ciento de ellas atraviesa zonas con restricciones ambientales. Colombia ostenta el tristemente récord de tener más kilómetros de trochas por kilómetro cuadrado entre los ocho países amazónicos.

El panorama es más complejo de lo que parece. La Amazonía representa el 42 por ciento del territorio nacional pero alberga menos del 2 por ciento de la población. Es también la región más pobre del país, con niveles de pobreza multidimensional que superan incluso a La Guajira y el Chocó, pese a ser enormemente rica en naturaleza y minerales. Según Rodrigo Botero, director de la FCDS, "no es un asunto solo de deforestación; lo que está ocurriendo allá es una transformación integral que incluye la pérdida de democracia". El punto de quiebre ocurrió en 2017, tras el acuerdo de paz con las Farc. Aunque el ritmo ha bajado comparativamente en los últimos dos años, lo acumulado es brutal: en los últimos nueve años se ha deforestado más que en los 30 anteriores.

El Estado tiene una responsabilidad significativa en esta destrucción. Entre 2017 y 2024, se invirtieron más de 3 billones de pesos públicos en políticas que amplían la frontera agropecuaria en lugar de cerrarla. Se financió mejora genética de ganado, infraestructura hídrica para animales y compra de tierras en zonas deforestadas que luego se legalizaban mediante esa inversión. Botero lo describe así: "El 92 por ciento de la deforestación se da a menos de 2 kilómetros de una carretera; es decir, pase una vía y aparece el peladero". Casi el 50 por ciento de las vías ilegales han recibido posteriormente recursos públicos para su consolidación.

Los motores de esta transformación acelerada son tres. Primero, el cambio de paradigma económico: el oro, que a diferencia del narcotráfico, se inserta fácilmente en mercados legales permitiendo lavar activos masivamente. Segundo, la red de carreteras ilegales sin precedentes en el continente. Tercero, el crecimiento del poblamiento ganadero. Los 17 grupos armados que operan en la zona se benefician de estas dinámicas mientras el Estado pierde control territorial.

Las consecuencias trascienden la región. La Amazonía es lo que Botero llama "nuestra bomba climática". Más de 30 millones de colombianos dependen de la regulación hídrica que genera esta selva, y 20 millones más dependen de la energía de hidroeléctricas que funcionan gracias a ese agua. Colombia ocupa el ranking de los cinco países más vulnerables del mundo al cambio climático por su geografía e hidrografía. Si se pierde la selva, se pierden seguridad hídrica y energética para decenas de millones de personas.

A esto se suma una presión internacional creciente. Botero señala preocupación por acuerdos como el acceso al oro entre Estados Unidos y Venezuela, y por las operaciones militares en fronteras que iniciaron Ecuador con la administración Trump. "Va a existir una presión directa sobre los diferentes gobiernos nacionales sobre esas áreas estratégicas y la recuperación de recursos mineros", advierte. El país ni siquiera tiene un inventario de tierras raras, otro mineral codiciado globalmente. La propuesta de la FCDS incluye ampliar el enfoque más allá de lo ambiental, recuperar control territorial, impulsar economías legales, construir confianza con comunidades locales y pueblos indígenas, y garantizar derechos a quienes habitan la región.