El impuesto al patrimonio que el gobierno decretó en marzo para enfrentar la emergencia económica ha generado una fuerte polémica en el sector educativo. Las universidades privadas, clasificadas como entidades sin ánimo de lucro, ahora deben tributar millonarias sumas por su patrimonio, una medida que el rector general de Uniminuto, Harold Castilla, considera gravemente injusta.

En diálogo con El Tiempo, Castilla afirmó que esta política tiene "un impacto mayúsculo" en la educación superior privada, que ya ha sido golpeada en años recientes. Según su análisis, el nuevo tributo pone en riesgo el acceso a la educación de más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en universidades privadas. Solo Uniminuto debe pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos, con cuotas previstas para abril y mayo.

Castilla rechazó las críticas que vinculan estas instituciones con negocios lucrativos. "Se nos ha tildado de ser instituciones que tienen dueños, que somos instituciones ricas, o que generamos excedentes, rentabilidad o utilidad para los bolsillos de no sé quién o de los accionistas, y eso es una falacia, eso es una mentira", expresó el rector. Según sus cálculos, Ascun estima que el impacto fiscal total para el sector será de al menos 135 mil millones de pesos.

La principal preocupación es que este cobro termine siendo transferido a los estudiantes. "Ese es el riesgo, porque hoy, de manera especial, las universidades privadas han estado contraídas en su matrícula", señaló Castilla. El rector advierte que aumentos en las matrículas generarían más deserción escolar, afectando especialmente a familias de estratos bajos que dependen de becas y subsidios que las universidades otorgan con recursos propios.

Además de este tributo, las instituciones enfrentan otros desafíos financieros: el salario mínimo aumentó 23 por ciento en 2026 y la matrícula se ha contraído. Castilla cuestionó cómo las universidades pueden cubrir estos gastos sin comprometer la calidad académica, los programas de bienestar estudiantil y la salud mental de los estudiantes.

El gremio universitario presentó una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional buscando que se revise la constitucionalidad del decreto. Castilla explicó que esta herramienta legal permite cuestionar la medida en el proceso de revisión constitucional. "Esperamos que la Corte Constitucional, así como ha recibido intervenciones ciudadanas de otros grupos y sectores de la sociedad colombiana, mire esta de una manera especial", comentó.