El presidente Gustavo Petro emitió una orden clara durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo: liquidar todas las EPS que estén en quiebra. "Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas", afirmó el mandatario en medio del fracaso de su reforma a la salud en el Congreso. También descartó que el Estado asuma las deudas del sistema, indicando que "sería un suicidio para Colombia sacar 50 billones de pesos".

Sin embargo, Petro hizo una excepción importante: Nueva EPS. El presidente aseguró que el Estado, como copropietario de esta entidad, debe recibir pagos y cubrir obligaciones, lo que podría evitar su liquidación. Esta postura genera una pregunta incómoda: ¿por qué el Gobierno intenta sostener la EPS que concentra los mayores riesgos financieros y operativos?

Los números de Nueva EPS encendieron las alarmas entre expertos. De acuerdo con la Contraloría General de la República, su deuda creció un 198 por ciento entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. Su patrimonio se deterioró hasta alcanzar -6,25 billones de pesos. El ente de control calificó este panorama como una "inviabilidad estructural". A esto se suma que 95 instituciones de salud han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos debido a la falta de pagos, y las quejas de usuarios ante la Defensoría del Pueblo aumentaron un 107 por ciento durante 2025.

La orden presidencial apunta a liquidar entidades como Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca, que en conjunto suman más de 12 millones de afiliados. En teoría, Nueva EPS aparecería como el principal receptor de estos usuarios, pues actualmente concentra más de 11 millones. Pero esto preocupa a académicos y expertos en salud.

Luis Jorge Hernández, profesor que estudia el sistema de salud, advirtió sobre el riesgo sanitario. "La eventual liquidación de siete EPS no es solo un ajuste administrativo, es un evento crítico de alto riesgo sanitario", señaló. Sobre Nueva EPS fue enfático: "No tiene capacidad". Según explicó, la entidad ya presenta saturación en indicadores como tutelas, quejas y entrega de medicamentos. "A una entidad ya tensionada le vamos a agregar millones de afiliados adicionales, lo cual va a colapsar todo el sistema de salud", afirmó.

El exministro de Salud Augusto Galán, en entrevista con EL TIEMPO, planteó que la apuesta del Gobierno responde a una intención estructural: reconstruir un modelo similar al antiguo Seguro Social. "El intento es ese, es hacer un gran seguro social en el país", explicó. Sin embargo, cuestionó la viabilidad de esta estrategia. "Es una decisión abrupta que uno realmente no entiende", afirmó, y advirtió que trasladar entre 12 y 13 millones de afiliados a Nueva EPS "podría generar un riesgo real de un colapso total del sistema de salud". También se preguntó: "Si no ha podido bien con 11 millones, con 24 o 25 millones de afiliados, pues está en un problema operativo muy grande".

Ambos expertos coinciden en que los más afectados serían los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o de alto costo, quienes podrían ver interrumpidos sus tratamientos. Galán advirtió además que la incertidumbre ya genera efectos: clínicas y hospitales podrían restringir servicios ante el riesgo de no recibir pagos, agravando aún más la crisis financiera del sistema. El debate refleja una tensión central: apostar por una entidad con problemas estructurales para absorber el sistema podría, en lugar de resolverla, profundizar la crisis de salud en Colombia.