A partir de junio de 2026 entrará en vigor una de las medidas más significativas de la reforma laboral aprobada el año pasado: las empresas colombianas estarán obligadas a contratar personas con discapacidad con cuotas específicas según su tamaño. El anuncio lo hizo Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, durante un debate de control político en la Comisión IV del Senado, donde explicó los detalles de cómo funcionará este nuevo esquema.

La regla es sencilla pero exigente. Las compañías con hasta 500 trabajadores permanentes tendrán que mantener vinculadas al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados en su planta. Si tu empresa supera los 500 trabajadores, la obligación aumenta progresivamente: deberás sumar un trabajador adicional con discapacidad por cada nuevo tramo de 100 empleados. El Ministerio del Trabajo aclaró que estas personas deben contar con certificación expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud.

El Gobierno presentó esta medida como un cambio fundamental en cómo se entiende la inclusión laboral. "Se sigue la instrucción del presidente de la República, con el mensaje institucional para que se articulen políticas de inclusión, superando el enfoque asistencialista y capacitista de la discapacidad", afirmó Jaramillo. La idea no es hacer caridad, sino integrar a esta población al mercado laboral formal como trabajadores productivos.

Para respaldar esta iniciativa, el Ejecutivo ya lleva avances concretos. El programa 'Empleos para la vida' ha permitido la contratación formal de 3.015 personas con discapacidad mediante incentivos entregados a empresas interesadas en vincular a estos trabajadores. Las compañías podrán incluso ir más allá de lo obligatorio y contratar voluntariamente a más personas con discapacidad si lo consideran conveniente.

La reforma también incorporó beneficios pensionales específicos. Las personas con discapacidad tendrán acceso a transferencias económicas o bonos pensionales bajo condiciones diferenciales dentro del nuevo pilar solidario del sistema pensional colombiano. Así el Gobierno complementa su estrategia con protección social adicional.

Para las empresas, este cambio representa una obligación operativa nueva que deberán cumplir, pero también una oportunidad de construir equipos más diversos. El Gobierno insiste en que el modelo busca ampliar la participación laboral de una población históricamente excluida del mercado formal y consolidar condiciones de acceso a empleo estable en el sector empresarial colombiano. Si tu empresa aún no ha planeado cómo cumplirá estas cuotas, es momento de empezar: tienes menos de un año para adaptarte.