El Gobierno Nacional cerró temporalmente uno de los debates económicos más candentes del 2026 con el Decreto 0159 expedido el 19 de febrero. En ese documento fijó de forma transitoria el salario mínimo en 1.750.905 pesos, manteniendo el aumento del 23% que generó controversia desde que se anunció en diciembre. Esta cifra seguirá vigente hasta que el Consejo de Estado resuelva definitivamente sobre la legalidad del incremento original.

Lo interesante aquí es que el propio Gobierno admitió algo importante en la motivación técnica del decreto: si hubiera aplicado únicamente los parámetros económicos tradicionales, el aumento habría sido considerablemente menor, cercano al 13,6%. Esos criterios convencionales incluyen inflación esperada, productividad, crecimiento económico y participación de los salarios en el ingreso nacional. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo subió casi 10 puntos porcentuales más? La respuesta está en cómo el Ministerio del Trabajo interpreta la Constitución.

El ministro Antonio Sanguino explicó en una entrevista que "los parámetros de la ley son parámetros restrictivos que no alcanzan para atender una disposición constitucional que es el carácter vital y móvil que debe tener el salario mínimo". En otras palabras, el Gobierno argumenta que el salario mínimo no puede fijarse solo con números económicos, sino que debe garantizar que los trabajadores puedan vivir dignamente. Para respaldar esto, utilizó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que calculó cuánto dinero necesita realmente una persona para tener condiciones de vida adecuadas en Colombia. La brecha encontrada fue del 23%, justamente el aumento que se aplicó.

El decreto también menciona que ese incremento adicional busca reducir desigualdades de ingreso, fortalecer la demanda interna y mejorar las condiciones materiales de existencia de los trabajadores. El Ejecutivo sostiene que el salario mínimo debe ser entendido no solo como un instrumento económico, sino como una política social que considera criterios distributivos junto con la sostenibilidad macroeconómica.

Por ahora, este aumento del 23% se mantiene mientras avanza el proceso judicial. El Consejo de Estado tendrá la palabra final sobre si esta interpretación del Gobierno es constitucionalmente válida. Mientras tanto, los trabajadores que ganan el salario mínimo reciben 1.750.905 pesos desde el primero de enero y así seguirá hasta que haya un fallo definitivo.