El Gobierno está en medio de una disputa legal compleja sobre cómo y cuándo trasladar los ahorros pensionales que están en manos de las administradoras privadas (AFP) hacia Colpensiones. El punto candente no es si el traslado debe ocurrir, sino cuándo debe suceder exactamente. En cuestión hay más de 25 billones de pesos que pertenecen a casi 118.000 afiliados que ya solicitaron el cambio a través de una ventana abierta por la reforma pensional del 2024.

El borrador del decreto ordena que las AFP giren toda esa plata en máximo 15 días hábiles después de que se expida la norma. Esto incluye tanto el capital acumulado como los rendimientos financieros, incluso para personas que aún no han consolidado su pensión. La lógica del Gobierno es clara: Colpensiones ya está pagando pensiones a muchos de estos afiliados mientras sus recursos siguen en las AFP, creando un desfase entre lo que el sistema público debe pagar y los activos que tiene para cubrirlo.

Pero aquí viene el problema legal. Los fondos privados, agrupados en Asofondos, argumentan que el decreto estaría contraviniendo lo que dice expresamente la ley. Según su lectura, la Ley 2381 de 2024 es clara: los ahorros deben "seguir siendo administrados por las AFP hasta el momento en que se consolide la pensión". Es decir, la ley establece un momento específico para el traslado, no permite que un decreto lo adelante. Si el decreto cambia ese momento, estaría excediendo la potestad reglamentaria del Ejecutivo, algo que los analistas señalan que un decreto puede desarrollar la ley pero no alterar su contenido esencial.

El congresista Christian Garcés fue más lejos, afirmando que el Ministerio del Trabajo "incurre en el delito de prevaricato" al exigir un traslado inmediato que no cumple las condiciones previstas en la ley. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, planteó preocupaciones prácticas: trasladar 25 billones en 15 días obligaría a las AFP a vender inversiones aceleradamente, incluyendo deuda pública, lo que podría afectar precios y tasas de interés, incrementando el costo de la deuda colombiana en un momento en que ya consume más del 25% del presupuesto nacional.

Desde la academia, el profesor Pedro Javier Villamizar ofreció una interpretación intermedia. Reconoce que el traslado inmediato resuelve un problema real: Colpensiones ya asumió riesgos mientras los recursos permanecen en las AFP. Pero también advierte que esto cambia la ruta que dejó escrita la ley. El riesgo es alto: si un juez concluye que el decreto reescribe la regla legal sobre el momento del traslado, aumentarían significativamente las demandas de nulidad y suspensión provisional.

Julio César Iglesias, vocero de la organización No Con Mi Ahorro, sostiene que la medida desvirúa el espíritu de la reforma. Argumenta que la ventana de traslado tenía salvaguardas precisamente para evitar que los ahorros se convirtieran en gasto inmediato del Gobierno. Al trasladar los recursos rápidamente, el déficit de Colpensiones disminuiría, reduciendo las transferencias públicas necesarias, lo que significaría usar indirectamente el ahorro de los trabajadores para financiar gasto presente.

Los expertos coinciden en un punto: el impacto dependerá del ritmo y la forma de ejecución. Un plazo de 15 días hábiles es apretado, pero el tamaño del sistema financiero colombiano y la composición mayoritaria de las inversiones en renta fija podrían mitigar efectos si se hace de manera ordenada. De momento, el debate apenas comienza y abarca dimensiones jurídicas sobre los límites reglamentarios, fiscales sobre el alivio de caja para el Estado, y financieras sobre estabilidad de mercado y confianza en las reglas del ahorro.