El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) enfrenta un escándalo por irregularidades en el manejo de más de 500 mil millones de pesos destinados a primas de mitad de año para docentes pensionados. Una auditoría interna reveló que al menos 260 mil millones de pesos, es decir más de la mitad del total, fueron girados a personas que no cumplían los requisitos legales para recibir este beneficio durante 2024 y 2025. El hallazgo ha escalado a nivel de investigación penal, con un juzgado ordenando que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría.

Los números son preocupantes. La auditoría identificó más de 10.300 pagos por valor superior a 163 mil millones de pesos efectuados a docentes cuyo estatus pensional se consolidó después del 31 de julio de 2011. Aquí está el problema clave: según la normativa vigente, solo tienen derecho a la prima quienes fueron vinculados al magisterio después de 1981 y se pensionaron antes del 31 de julio de 2011. Dicho de otra forma, jubilarse después de esa fecha cierra automáticamente la puerta a este beneficio. Pero hubo más: cerca de 4.405 pagos sumando más de 83 mil millones de pesos llegaron a beneficiarios a quienes sentencias judiciales definitivas les habían negado expresamente el derecho. Esto significa que el fondo ignoró fallos en firme para girar el dinero de todas formas.

Otro aspecto que alarma a los auditores es que se realizaron 506 consignaciones a docentes registrados como fallecidos, por un monto superior a 4.281 millones de pesos. Aunque parte de estos casos podría deberse a problemas en la actualización de bases de datos, el volumen sugiere debilidades críticas en los controles previos al pago. Se detectaron también giros a personas con doble pensión, pensión gracia, y casos donde las mesadas superaban los topes legales establecidos, representando cerca de 4.932 millones y 4 mil millones de pesos respectivamente.

Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, señaló que "efectivamente se encontraron pagos irregulares en la prima de mitad de año" y enfatizó que "lo más grave es que se hicieron pagos a pesar de fallos y sentencias judiciales en contra de reclamaciones que fueron hechas a través de varias firmas de abogados". Agregó que es importante "trabajar para que los pensionados del magisterio dejen de ser extorsionados por parte de estos abogados inescrupulosos y, fundamentalmente, evitar que se deterioren los recursos del Fomag".

Según la auditoría, varios abogados liderados por Yobanni Alberto López, quien representa al menos al 85 por ciento de los pensionados en cuestión, habrían logrado que muchas más personas recibieran la prima modificando la interpretación jurídica del derecho, sin que existiera una reforma legal o nueva decisión judicial que lo respaldara. López ha logrado que personas pensionadas después de 2012 accedan al beneficio mediante demandas y asegura estar tramitando otras 50 mil acciones judicales.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, quien aparece en el expediente judicial para investigación, reconoció las irregularidades pero aclaró que "el Ministerio de Educación no tiene competencia para reconocer, liquidar o girar prestaciones sociales; dicha obligación corresponde a Fiduprevisora S.A., como entidad administradora del Fondo". Afirmó que "el Ministerio deja constancia de que ha obrado en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal" y respaldó que se investigue a fondo. Sin embargo, indicó que solicitó información técnica, jurídica y financiera a Bayona sin haber recibido respuesta a la fecha, lo que dificulta verificar la legalidad de los pagos.