Mientras el sistema de salud colombiano atraviesa su peor crisis en décadas, marcada por liquidaciones de EPS y crecientes barreras de acceso, un grupo amplio de especialistas, académicos y autoridades territoriales decidió apartarse del ruido político inmediato para plantear una pregunta fundamental: cómo debería ser la salud en Colombia en los próximos quince años. De ese esfuerzo surge el proyecto Salud: Visión Colombia 2040, una iniciativa liderada por la consultora Gressa en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, que busca construir colectivamente una hoja de ruta que trascienda los ciclos de gobierno.

El exviceministro de Salud Iván Darío González Ortiz, uno de los impulsores del proyecto, explica que el origen está en una deuda histórica del país. "La iniciativa surge como respuesta a la dificultad que hemos tenido en Colombia de ponernos de acuerdo en la construcción de una visión de largo plazo del sistema de salud", señala. Durante más de tres décadas, el país ha oscilado entre reformas, contrarreformas y debates ideológicos sin consolidar un acuerdo nacional duradero. La propuesta busca cambiar no solo las soluciones, sino la manera en que se discute la salud.

El proyecto reconoce los logros de la Ley 100 de 1993. El sistema pasó de cubrir cerca del 30 por ciento de la población a alcanzar el 98 por ciento de afiliación, una transformación social profunda. Sin embargo, ese avance fue incompleto: tener un carné de aseguramiento no garantiza acceso oportuno, equitativo y de calidad. Persisten barreras geográficas, administrativas, económicas y culturales que hacen funcionar el sistema de manera muy distinta según el territorio. El modelo actual enfrenta un déficit acumulado cercano a los 32 billones de pesos, una siniestralidad que supera el 110 por ciento y proyecciones de gasto comparables con países desarrollados, pero sin los mismos resultados en salud.

Uno de los aportes principales fue haber abierto espacios de conversación entre actores tradicionalmente enfrentados: EPS, IPS (instituciones prestadoras de servicios), pacientes, academia y autoridades territoriales. González explica que querían transformar la manera como el país discute salud, evitando posiciones binarias. "Lo que no queríamos era volver a caer en la UPC no nos alcanza, o las EPS son malas", dice. A través de metodología de diálogo inclusivo, más de 500 personas participaron en foros académicos en cinco ciudades y encuentros sectoriales que permitieron construir una conversación amplia y basada en evidencia.

De ese proceso surgieron diez grandes convergencias que orientan la visión a 2040. Entre ellas destaca fortalecer la atención primaria como eje del sistema, territorializar las soluciones para adaptarlas a realidades locales, incorporar tecnología e inteligencia artificial, mejorar la transparencia para combatir corrupción y resolver el déficit de talento humano que limita la capacidad de respuesta. El cambio conceptual más profundo es pasar "de curar enfermedades a crear más salud", señala González, planteando un giro hacia la prevención, el bienestar y los determinantes sociales.

Aunque la mirada es de largo plazo, la propuesta no desconoce la urgencia del momento. El plan se organiza en tres momentos: un empalme para que el próximo gobierno llegue con información clara, un plan de choque de 100 días enfocado en recuperar confianza y mejorar acceso, y una fase de estabilización que permita discusión de fondo. Sobre los recursos, González plantea que el problema no es solo cuánto se gasta sino cómo se gasta. "No es que no haya plata, seguramente la tenemos que usar mejor, tendremos que cerrar la corrupción", afirma, señalando que el sistema mueve cerca de 110 billones de pesos anuales.

El proyecto insiste en que el futuro de la salud no se define únicamente dentro del sector. Muchos factores que determinan la enfermedad están fuera del sistema sanitario. "Si no frenamos los accidentes en moto, el sector salud no va a dar abasto; si no llevamos agua a las veredas, la salud no da abasto", advierte González. El país avanzó más rápido en cobertura sanitaria que en determinantes sociales, limitando el impacto real de las políticas de salud. La propuesta busca ser una hoja de ruta utilizable por cualquier gobierno, sin importar su orientación política, ofreciendo herramientas concretas para tomar decisiones informadas y sostenibles en el tiempo.