El traslado de aproximadamente $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones ha abierto un debate que va más allá de lo administrativo. Especialistas en temas pensionales ahora cuestionan tanto la pertinencia legal como los alcances reales de esta decisión para los trabajadores colombianos y la economía en general.

Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, advierte que el momento y la forma en que se ordenó este movimiento de recursos generan dudas jurídicas y financieras importantes. Según su análisis, aunque los recursos corresponden efectivamente a afiliados que decidieron trasladarse al régimen público, el mecanismo utilizado para exigir su transferencia no estaría plenamente respaldado por la normativa actual. Cuervo señala que "es claramente un decreto ilegal, porque está montado sobre la aplicación de una norma que está suspendida", refiriéndose a que la medida se apoya en disposiciones que no están en ejecución.

El punto central del cuestionamiento es que, si bien la normativa permite que los afiliados cambien entre regímenes, el resto del marco regulatorio asociado a la reforma pensional no se encuentra operativo. Exigir el traslado inmediato de los recursos podría contradecir la forma en que el sistema fue originalmente diseñado. De hecho, según el análisis de Cuervo, bajo la lógica de la reforma los fondos privados deberían continuar administrando esos recursos hasta que el afiliado acceda efectivamente a su pensión. El traslado anticipado no correspondería al diseño original del modelo, aunque el decreto mantiene presunción de legalidad mientras no sea anulado en los juzgados.

Más allá de lo legal, hay una lectura fiscal que explica la prisa del Gobierno. El traslado masivo ocurre en un contexto donde el Estado enfrenta presiones significativas de liquidez en el corto plazo. Cuervo afirma que "se les avecina una crisis de caja muy significativa", y estos $25 billones representan una inyección relevante de dinero en un momento crítico para las finanzas públicas. Esta dinámica conecta directamente el traslado de recursos pensionales con la necesidad de fondeo del Estado.

La salida de un volumen tan grande de dinero en poco tiempo también impactará a los fondos privados y el mercado financiero. Las administradoras probablemente tendrán que ajustar sus portafolios, lo que eventualmente afectaría la dinámica del mercado de capitales. La posibilidad de trasladar los recursos no solo en efectivo sino también en inversiones, como títulos de deuda pública, busca facilitar el proceso pero refleja las tensiones de liquidez que enfrentarán los actores involucrados.

Respecto a los derechos de los afiliados, Cuervo aclara que no hay discusión sobre quién es propietario del dinero: corresponde a quienes decidieron trasladarse al sistema público. "El trabajador finalmente pidió trasladar a Colpensiones y lo que está pidiendo es que la plata pase", explica. Sin embargo, el debate real se centra en cuándo se realiza el traslado y qué uso le dará el Gobierno a esos recursos antes de que los trabajadores materialicen sus pensiones. El análisis sugiere que el Estado busca anticipar la disponibilidad de estos fondos, lo que podría alterar la lógica tradicional de cómo se administra el ahorro pensional en Colombia.