Por primera vez en una década, Colombia cuenta con un retrato detallado de su salud mental. Y los números encendieron las alarmas. La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, presentada por el Ministerio de Salud, documenta un deterioro significativo de los trastornos del estado de ánimo y ansiedad comparado con 2015, profundas brechas entre hombres y mujeres, y señales de emergencia en los adolescentes que los especialistas califican como críticas para la salud pública.

El contraste entre hace una década y hoy es brutal. La prevalencia del trastorno depresivo mayor en el último mes se triplicó, pasando del 0,5% al 1,4%. El trastorno de ansiedad generalizada se multiplicó por cuatro, del 0,1% al 0,4%. En términos generales, la prevalencia de trastornos mentales a lo largo de la vida en adultos llegó al 8,4%, pero la brecha de género salta a la vista: mientras los hombres registran 5,7%, las mujeres alcanzan 10,8%. Los trastornos del ánimo fueron los más frecuentes, seguidos por los de ansiedad y estrés postraumático.

Lo que más preocupa a los expertos es lo que sucede entre niños y jóvenes. La encuesta encontró que el 3,6% de menores entre 7 y 17 años tuvo ideas suicidas en los últimos treinta días. Desglosando esa cifra, en niños de 7 a 11 años es del 2,1%, pero en adolescentes de 12 a 17 años asciende al 4,8%. En las adolescentes mujeres, la prevalencia llega al 6,4%. Es decir, aproximadamente uno de cada veinte adolescentes en Colombia pensó en quitarse la vida en el último mes. Las conductas autolesivas —actos deliberados de causarse daño físico mediante cortes, quemaduras o golpes— siguieron un patrón similar, afectando al 1,4% de niños de 7 a 11 años y al 2,9% de adolescentes. En mujeres adolescentes, esa cifra trepa al 4,4%.

Hernando Santamaría García, psiquiatra y director del doctorado en neurociencias de la Universidad Javeriana, explica que la brecha de género "refleja desigualdades acumuladas: mayor carga de cuidado no remunerado, violencia basada en género, inseguridad económica, discriminación, barreras laborales y sobrecarga emocional". Para Santamaría, esto tiene implicaciones concretas que Colombia no ha asumido con suficiente seriedad: "La salud mental debe tener enfoque de género: prevención de violencias, apoyo a cuidadoras, atención perinatal, acceso oportuno a psicoterapia y psiquiatría, y servicios sensibles a las realidades de niñas, adolescentes, mujeres adultas y mayores".

Sobre el acceso a servicios, los números son desalentadores. Solo el 40,9% de quienes tienen diagnóstico de trastorno mental buscó atención en el último año, y de ese grupo, el 82,8% logró recibirla. El problema es que el 29,3% de los usuarios esperó más de un mes para su primera atención. Solo el 30% de quienes tienen trastorno mental tomó medicamentos en el último año, y uno de cada cuatro tuvo que pagar de su bolsillo para obtenerlos. Ana María Morales Rengifo, representante regional del Campo de Desarrollo Humano del Colegio Colombiano de Psicólogos, señala con contundencia que "no es aceptable que una persona con ideación suicida o depresión severa reciba una cita con un especialista dentro de tres meses".

Los especialistas también advierten sobre un malestar más generalizado que no siempre alcanza el nivel de trastorno clínico pero revela un sufrimiento social extendido. El 40,1% de la población reportó afectación en su salud mental por riesgos ambientales negativos, con regiones como Orinoquía y Amazonía, la Oriental y la Pacífica a la cabeza. El 21,6% reportó que los cambios en la cultura digital afectaron su bienestar. El 16% presentó sentimientos de soledad y aislamiento, con mayor frecuencia en personas separadas, viudas, divorciadas y en población LGTBIQ+.

La propuesta de los especialistas apunta hacia acciones estructurales. Morales Rengifo enfatiza tres urgencias: fortalecer la atención primaria integrando psicólogos, trabajadores sociales y gestores comunitarios de manera permanente en barrios y zonas rurales; eliminar las barreras de asignación de citas con priorización inmediata para casos de riesgo; y desplegar una red nacional de profesionales que garantice, mediante conectividad, que personas en territorios alejados reciban atención oportuna. Lo que antes era invisible ahora tiene números. Lo que queda es si el país está dispuesto a escuchar.