Durante mucho tiempo, los océanos fueron considerados un asunto secundario en la política climática mundial. Se pensaba que eran demasiado vastos para gestionarlos efectivamente y demasiado resistentes para degradarse significativamente. Por eso la atención se concentró casi exclusivamente en reducir emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los bosques. Pero esa era terminó.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Belém, Brasil, el océano pasó de ser marginal a ser un tema central. Ahora aparece de forma destacada en los planes nacionales de clima, en los marcos de adaptación y en la arquitectura de financiación climática. Este cambio era inevitable: los océanos absorben más del 90 por ciento del calor excedente atrapado por los gases de efecto invernadero y aproximadamente una cuarta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono. Las consecuencias incluyen calentamiento, acidificación del agua, pérdida de oxígeno, colapso de las pesquerías y erosión costera.

Fueron los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados, muchos de ellos extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar, quienes aceleraron este cambio. Enmarcaron la gobernanza de los océanos no solo como una cuestión de gestión ambiental, sino de supervivencia y justicia. La declaración política principal de la conferencia reconoce explícitamente el papel de los ecosistemas marinos en la estabilidad climática y el desarrollo sostenible, dando a los gobiernos cobertura política para integrar los temas oceánicos en sus estrategias climáticas nacionales.

Por primera vez en este proceso de la ONU, la síntesis oficial de los planes climáticos nacionales incluye una sección dedicada específicamente al océano. Aproximadamente tres cuartas partes de estos planes nacionales hacen referencia a temas marinos como el carbono azul (carbono almacenado en ecosistemas costeros), energías renovables marinas, resiliencia pesquera y descarbonización del transporte marítimo. El siguiente paso es fijar objetivos oceánicos cuantificados y compromisos concretos de inversión para las comunidades costeras.

Nuevas iniciativas también están movilizando recursos. La Asociación One Ocean, lanzada en la conferencia, busca reunir 20 mil millones de dólares para resiliencia costera, ecosistemas de carbono azul y protección oceánica. Se propone crear 20 millones de empleos verdes relacionados con el mar y restaurar 20 millones de hectáreas de ecosistemas marinos para 2030. Además, la ONU anunció que su foro de este año se centrará en financiar la acción climática en sistemas hídricos y océanos, un impulso formal hacia la inversión azul que una década atrás habría sido impensable.

El derecho internacional también está converging con la realidad climática. En 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar determinó que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen contaminación marina según la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. En 2025, la Corte Internacional de Justicia confirmó que los Estados tienen un deber legal vinculante de prevenir daños climáticos previsibles. Esta evolución legal será importante para disputas sobre conducta estatal en el mar, especialmente cuando el mundo enfrente nuevas técnicas como la eliminación de dióxido de carbono marino.

A medida que el poder se redistribuye hacia los países más vulnerables, especialmente los pequeños Estados insulares, la resiliencia oceánica y costera seguirá ganando importancia en los debates políticos globales. Incluso las economías avanzadas comienzan a reconocer la importancia de un enfoque sostenible para los recursos marinos. La próxima conferencia climática en noviembre, liderada por Australia y Turquía, promete ser la primera verdaderamente enfocada en lo "azul". El destino del clima depende de lo que ocurra con el océano, y los mandatos fragmentados y la financiación aislada ya no son suficientes para garantizar su salud.