Durante años, los océanos fueron relegados a un segundo plano en la política climática mundial. Mientras los gobiernos concentraban esfuerzos en reducir emisiones de gases de efecto invernadero y proteger bosques, el mar quedaba fuera de la agenda principal. Se creía que era demasiado vasto para manejarlo eficazmente y demasiado resiliente para deteriorarse. Esa era terminó en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Belém, Brasil, donde los océanos pasaron de ser un tema marginal a ocupar un lugar central en la gobernanza climática.

El cambio era inevitable. Los océanos absorben más del 90 por ciento del calor excedente atrapado por los gases de efecto invernadero y aproximadamente una cuarta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono. Esto ha generado consecuencias graves: calentamiento de las aguas, acidificación, pérdida de oxígeno, colapso de pesquerías y erosión de costas. Fueron los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados, muchos de ellos extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar, quienes impulsaron este cambio de prioridades al enmarcar la gestión oceánica no solo como un asunto ambiental, sino de supervivencia.

En la COP30 se adoptó la declaración política Mutirão Global, que reconoce explícitamente el papel de los ecosistemas marinos en la estabilidad climática. Por primera vez en el proceso climático de la ONU, los planes climáticos nacionales incluyen una sección dedicada al océano. Aproximadamente tres cuartas partes de estos planes hacen referencias a temas marinos como el carbono azul, energías renovables marinas, resiliencia pesquera y descarbonización marítima. Paralelamente, se lanzó la Asociación One Ocean, que busca movilizar 20 mil millones de dólares para la resiliencia costera y la protección oceánica, además de crear 20 millones de empleos relacionados con la economía azul para 2030.

El cambio también alcanza la esfera legal. En 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen contaminación marina. Un año después, la Corte Internacional de Justicia confirmó que los Estados tienen el deber legal vinculante de prevenir daños climáticos previsibles. Esta evolución será crucial mientras el mundo enfrenta nuevas intervenciones climáticas en el océano, como técnicas de eliminación de dióxido de carbono marino que podrían tener riesgos ecológicos aún no totalmente comprendidos.

Sin embargo, expertos advierten que los tratados y conferencias no son suficientes. Según Kilaparti Ramakrishna, director de Política Oceánica y Climática en la Institución Oceanográfica de Woods Hole, "el destino del clima depende de lo que ocurra con el océano, y los mandatos fragmentados, tratados obsoletos y financiación aislada ya no son suficientes para garantizar su salud". El próximo desafío será que las instituciones evolucionen lo bastante rápido para establecer estructuras de gobernanza equitativas y efectivas que protejan este sistema planetario crítico.