Cuando terminó el cuatrienio del presidente Gustavo Petro, la educación superior colombiana quedó con una deuda pendiente. Durante la campaña y los primeros meses de gobierno se presentó la educación como pilar central de transformación social, con promesas de democratizar el acceso, fortalecer la universidad pública y convertir el conocimiento en motor de desarrollo. Sin embargo, el balance final muestra que muchas de estas aspiraciones no lograron traducirse en cambios reales y sostenibles. Los avances parciales en programas de acceso y la retórica favorable a la educación pública no fueron suficientes. Hoy el sistema universitario enfrenta tensiones financieras persistentes, crisis institucionales y situaciones que han debilitado la confianza en la integridad académica.

El diagnóstico inicial que hizo el Gobierno era acertado: baja cobertura comparada con países de la región, brechas sociales y territoriales en el acceso, insuficiente financiación de instituciones públicas y un sistema de control de calidad considerado excesivamente burocrático. En respuesta anunció reformas orientadas a ampliar acceso, fortalecer financiamiento de universidades estatales y revisar el modelo de crédito educativo. Pero transformar un sistema educativo complejo requiere políticas de largo plazo, consensos institucionales y estabilidad normativa. Ninguno de estos elementos se consolidó durante estos cuatro años. Aunque en 2025 se logró reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para cambiar la fórmula de asignación presupuestal, varios analistas han señalado que sus efectos reales dependerán de la disponibilidad fiscal del Estado y de cómo se reglamente después. Las preguntas siguen abiertas: si el nuevo índice reflejará adecuadamente los costos reales, si el país podrá sostener una inversión cercana al 1 por ciento del PIB en educación superior, y cómo se distribuirán nuevos recursos. Los incrementos presupuestales de algunos años no fueron suficientes para resolver el déficit acumulado. Las universidades continuaron enfrentando dificultades para sostener programas, ampliar infraestructura y garantizar condiciones laborales estables para docentes.

El período también estuvo marcado por episodios que expusieron fragilidades graves. El caso más emblemático fue la crisis en la Universidad Nacional de Colombia, donde la discrepancia entre el resultado de consulta interna con estudiantes y profesores, y la decisión del Consejo Superior Universitario en la designación de rector, desencadenó una intensa disputa que incluyó protestas estudiantiles, debates jurídicos y polarización. La intervención directa del Gobierno amplificó el conflicto. El episodio dejó al descubierto debilidades en los mecanismos de gobierno universitario y abrió preguntas aún sin resolver sobre el equilibrio entre autonomía universitaria y participación estatal.

A esto se sumó el escándalo de títulos universitarios obtenidos irregularmente. El caso más notorio fue el de Juliana Guerrero, designada en cargo de alto nivel en el Gobierno, cuyo diploma había sido expedido sin registros académicos completos que demostraran cumplimiento de requisitos. La institución terminó anulando el título tras revisar el caso. El episodio abrió investigaciones más amplias sobre la validez de otros diplomas de la misma entidad. En sociedades profesionalizadas como la colombiana, los títulos universitarios funcionan como mecanismo esencial de certificación de conocimiento. Cuando surgen dudas sobre su autenticidad, la confianza pública en el sistema educativo se ve seriamente afectada. El escándalo evidenció debilidades en los mecanismos de control educativo y generó inquietudes sobre la eficacia de procesos de verificación de credenciales.

Uno de los rasgos más notorios fue la distancia entre el discurso político sobre educación y los resultados concretos. El Gobierno mantuvo retórica fuertemente favorable a educación pública y conocimiento científico, pero la materialización de estas ideas no encontró el camino político, administrativo y financiero por evidentes limitaciones en gestión. Las reformas estructurales no lograron consolidarse y el sistema continuó bajo marcos normativos y presupuestales de décadas anteriores. Esta brecha generó frustración en sectores académicos que consideraron que el Gobierno no construyó consensos necesarios para impulsar reformas profundas, o que sus prioridades políticas se desplazaron hacia otros frentes.

El cierre de este período deja abiertas varias preguntas fundamentales. Persiste el desafío del financiamiento de universidades públicas sin un sistema presupuestal que reconozca crecimiento real. Continúa pendiente revisar mecanismos de elección de autoridades universitarias y fortalecer garantías de autonomía institucional. Se necesitan sistemas más rigurosos de aseguramiento de calidad y control sobre expedición de títulos académicos. Y sigue siendo tarea pendiente articular educación superior con transformaciones económicas y tecnológicas del país, expandir investigación científica y vincular universidades con sectores productivos.

La universidad colombiana ha demostrado notable capacidad de adaptación a lo largo de su historia. Sin embargo, preservar su papel como espacio de producción de conocimiento, movilidad social y debate democrático dependerá de la capacidad del país para traducir promesas políticas en reformas institucionales efectivas. La lección es clara: las transformaciones educativas no se logran solo con discursos ambiciosos. Requieren estabilidad institucional, acuerdos duraderos y política pública que se sostengan más allá de ciclos políticos. En ese sentido, el verdadero desafío para la educación superior colombiana sigue estando en el futuro.