Desde hace pocas semanas, el sistema pensional colombiano está viviendo cambios significativos sin que se haya modificado formalmente la ley. Dos decretos recientes del Gobierno Nacional son los responsables de este giro: el Decreto 1485 de 2025 y una segunda norma sobre inversiones internacionales de los fondos. Aunque no alteran el marco legal base, ambas normas están redistribuyendo los riesgos de manera que afecta directamente a quienes cotizan en el régimen privado.

El cambio más sensible llegó con el Decreto 1485, que modificó cómo funciona el ajuste por salario mínimo en las rentas vitalicias. Hasta ahora, cuando una pensión equivalente al salario mínimo subía más que la inflación, el Estado cubría esa diferencia. Ahora esa responsabilidad pasó completamente a las aseguradoras. Según Andrés Felipe Izquierdo Aguiar, gerente de Integral Soluciones Pensionales, "este traslado de riesgo tiene implicaciones directas sobre los afiliados, pues obliga a las aseguradoras a exigir mayores montos de ahorro para poder garantizar una renta vitalicia de por vida". Esto significa que quienes quieran acceder a una renta vitalicia ahora necesitan ahorrar cercano a los 530 millones de pesos, lo que en la práctica hace más caro jubilarse en el sistema privado.

El segundo decreto restringe las inversiones que los fondos pensionales pueden hacer en el exterior. Actualmente pueden invertir alrededor del 50% de sus portafolios afuera de Colombia, pero la nueva norma exige reducir gradualmente esta cifra al 30% en cinco años. Esto preocupa a los expertos porque en los últimos diez años, las inversiones internacionales han dejado un retorno promedio de 8,5%, mientras que en el mercado local apenas llega a 3,7%. Reducir la exposición al exterior podría afectar la capacidad de los fondos para mantener las mesadas en el tiempo.

No todos sienten igual el golpe. Los más afectados son aproximadamente 228.000 personas en retiro programado dentro de las AFP, que representan el 68% de los jubilados del sector privado. Estas personas dependen del desempeño real de sus portafolios y no cuentan con una garantía de que sus mesadas se ajusten al ritmo de la inflación. En contraste, los más de 1,8 millones de pensionados de Colpensiones no se ven tocados porque sus mesadas vienen del presupuesto público.

Un problema grave ha sido que muchos jubilados no entienden qué está pasando. Hay personas que han visto caídas en sus mesadas de hasta 34% sin saber por qué ni qué opciones tienen para reclamar. Izquierdo Aguiar advierte que "muchos pensionados han empezado a notar reducciones significativas en sus mesadas, en algunos casos de hasta 34% de reducción, sin tener claridad sobre las razones ni sobre las alternativas disponibles para solicitar recálculos o ajustes administrativos y judiciales".

La realidad es que el sistema no está siendo reformado formalmente, pero sí está siendo reconfigurado en la práctica. Los decretos envían un mensaje claro: el Estado quiere reducir su gasto en pensiones trasladando más responsabilidad al ciudadano. El desafío ahora es que las autoridades expliquen bien estos cambios y ofrezcan información clara sobre qué pueden hacer los afiliados ante las reducciones en sus mesadas.