La orden presidencial de liquidar las siete EPS intervenidas representa más que un ajuste administrativo del sistema de salud colombiano. Para millones de pacientes con enfermedades que requieren atención constante, como diabetes, cáncer y problemas cardiovasculares, esta decisión abre un escenario de incertidumbre médica potencialmente grave. El presidente Gustavo Petro impartió la instrucción durante el consejo de ministros del 16 de marzo, argumentando que el Estado no puede continuar asumiendo las deudas acumuladas por las aseguradoras. "Todas las (EPS) que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas", afirmó el mandatario, quien enfatizó que asumir esas obligaciones sería "un suicidio" fiscal para el país.

Las siete EPS afectadas (Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca) concentran a más de 12 millones de personas. Un traslado masivo de estos afiliados hacia otras aseguradoras en un plazo indefinido y bajo condiciones aún no precisadas genera preocupaciones que van más allá de lo administrativo. Pacientes que dependen de tratamientos diarios, medicamentos permanentes y controles médicos regulares podrían enfrentar interrupciones críticas durante la transición. Un paciente con cáncer que requiera continuidad en quimioterapia, o un diabético que necesite insulina constante, no puede permitirse retrasos en su atención sin comprometer su salud y su expectativa de vida.

Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, fue directo en su evaluación. "La eventual liquidación de siete EPS no es solo un ajuste administrativo, es un evento crítico de alto riesgo sanitario", explicó en declaraciones recogidas por EL TIEMPO. Hernández advirtió que los cambios abruptos en el aseguramiento pueden traducirse en pérdida de continuidad en el cuidado y desorganización de toda la red de atención. Los pacientes de alto costo son especialmente vulnerables porque dependen de rutas de atención complejas que no pueden interrumpirse sin consecuencias graves. Según el académico, incluso podría haber un aumento en la mortalidad si la transición no se gestiona adecuadamente.

La preocupación aumenta al considerar hacia dónde irían estos pacientes. Aunque el Gobierno no ha detallado el mecanismo de traslado, los expertos coinciden en que la mayoría terminaría en la Nueva EPS, actualmente la aseguradora más grande del país con más de 11 millones de afiliados. Sin embargo, esta entidad enfrenta una crisis estructural propia. De acuerdo con la Contraloría General de la República, la Nueva EPS sufre una "inviabilidad estructural", con una deuda que creció 198% entre 2022 y 2025, pasando de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos, y un patrimonio que cayó a -6,25 billones. Hernández fue enfático: "A una entidad ya tensionada le vamos a agregar millones de afiliados adicionales lo cual va a colapsar todo el sistema de salud".

Los números reflejan ya las dificultades. Noventa y cinco instituciones de salud han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos debido a falta de pagos, mientras que las quejas de usuarios aumentaron 107% en 2025. Estos indicadores visibilizan barreras crecientes en el acceso a servicios, medicamentos y tratamientos. Trasladar pacientes de alto riesgo a una entidad con estas condiciones podría profundizar aún más las dificultades de acceso a la atención que requieren.

El exministro de Salud Augusto Galán coincidió en el diagnóstico. "El mayor daño que puede causar esta medida es en usuarios y pacientes", señaló. Galán enfatizó que los pacientes crónicos requieren continuidad estricta que incluya mantener sus médicos tratantes, las redes de prestación y los esquemas terapéuticos sin interrupciones. Algo difícilmente garantizable en un proceso masivo de liquidación y traslado. Galán también subrayó que esta decisión se da dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para transformar el sistema de salud tras no lograr aprobación de su reforma en el Congreso. "Hacerlo de manera precipitada es un acto muy irresponsable con la población", advirtió.

La crisis trasciende a los pacientes. Clínicas, hospitales y proveedores de servicios podrían enfrentar una crisis de liquidez si las EPS se liquidan sin mecanismos claros para saldar sus deudas, lo que podría traducirse en cierre de servicios y reducción de la oferta médica. En ese escenario, nuevamente serían los pacientes crónicos quienes más padecerían, al depender de redes especializadas que no pueden sustituirse de manera inmediata. La decisión, entonces, deja de ser simplemente financiera o política, y se convierte en una cuestión crítica de salud pública donde millones de colombianos dependen de la continuidad de su atención para vivir.