En Colombia existe un mecanismo legal que permite a los deudores quedar liberados de obligaciones financieras después de cierto tiempo sin pago. Se trata de la prescripción, un concepto del Código Civil que establece que algunas deudas pierden su exigibilidad cuando transcurren los plazos fijados por la ley. Según explicaciones de expertas en insolvencia financiera, este plazo varía según el tipo de obligación, pero hay un grupo importante de deudas que prescriben a los tres años.

Entre las obligaciones que entran en esta categoría de tres años figuran las deudas de tarjetas de crédito, los cánones de arrendamiento y las multas por infracciones de tránsito. Por el contrario, las deudas con instituciones como la DIAN o secretarías de Hacienda tienen un término más largo: cinco años. Como señala la abogada Andrea García, todas las deudas pueden prescribir en algún momento, aunque los tiempos dependen del tipo de obligación. Cuando una deuda ha superado su plazo legal sin ser reconocida por el deudor, las entidades de cobro normalmente no deberían continuar exigiendo el pago por la vía ordinaria.

Lo que muchos deudores no saben es que invocar la prescripción requiere actuación judicial. Cuando una obligación cumple tres años sin pago, el deudor puede informar a la entidad de cobro que el término venció. Sin embargo, según explica la abogada Daniela Melo del Centro Jurídico Internacional, si el acreedor decide llevar el asunto ante un juez, se genera una nueva obligación en el proceso. Esto significa que acudir a la justicia puede reactualizar la deuda, abriendo nuevamente la posibilidad de cobro.

Para alegar prescripción formalmente, el deudor debe presentar la solicitud dentro de un proceso judicial de cobro ante un juzgado civil. El procedimiento implica presentar la solicitud, aportar en un plazo de diez días las pruebas que demuestren que venció el término de cobranza, y asistir a la citación en la que tanto el deudor como el acreedor exponen sus argumentos ante el juez. La decisión final la toma el juez, quien determina si la prescripción procede o si la deuda sigue siendo exigible.

Más allá de los plazos de prescripción, los deudores deben considerar el impacto que genera el incumplimiento en sus antecedentes crediticios. Los atrasos afectan la evaluación del comportamiento financiero y pueden reducir los montos de crédito aprobados, restringir el acceso a productos financieros y aumentar la evaluación del riesgo. Por eso, aunque la ley permita que una deuda prescriba, el daño en el historial crediticio persiste y afecta futuras transacciones financieras.