El Ministerio de Salud y Protección Social acaba de reglamentar un cambio importante en cómo los trabajadores independientes, contratistas y comerciantes calculan sus aportes a seguridad social. La decisión responde a exigencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que ordenaron crear un marco más justo que reconozca la realidad financiera de quienes trabajan por cuenta propia en el país.

El nuevo procedimiento busca corregir errores de normativas anteriores que habían sido declaradas inconstitucionales. Ahora el sistema permitirá que los aportantes independientes coticen sobre su ingreso neto real, es decir, después de descontar los gastos necesarios para desarrollar su actividad, en lugar de pagar sobre el total de lo que facturan. Este cambio es especialmente relevante en un contexto donde la inflación ha impactado fuertemente los costos operacionales de profesionales, transportadores y comerciantes.

El proceso funciona en tres pasos claramente definidos. Primero, el trabajador suma todos sus ingresos del mes. Segundo, descuenta los gastos asociados a su actividad, ya sea presentando facturas y soportes documentales o aplicando automáticamente los coeficientes de costos que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) ha establecido para cada sector. Tercero, sobre el resultado neto final, aplica los porcentajes legales para salud y pensión.

La UGPP será la encargada de determinar esos porcentajes de gastos representativos para cada sector económico, apoyándose en datos del Dane, la Dian y el Banco de la República. La entidad también tendrá facultades para solicitar a los trabajadores que comprueben sus gastos declarados. Cuando alguien no cuente con documentos que respalden sus costos, se le aplicará automáticamente el coeficiente definido para su actividad, tomando como referencia su última declaración de renta ante la Dian.

El objetivo dual de esta reforma es reducir la evasión de aportes sin castigar a quienes tiene gastos operativos altos. Así el sistema de seguridad social busca ser más equitativo y reflejar realmente la utilidad que perciben los trabajadores independientes, sector que representa millones de colombianos en la economía informal y formal del país.