Una joven de 23 años que no completó su carrera universitaria ahora ocupa uno de los cargos más influyentes en una universidad pública colombiana. Juliana Guerrero fue designada en abril de 2025 como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, el máximo órgano de decisión de esta institución. Su nombramiento generó expectativa en el campus, pues ella había sido estudiante y activista en esa misma universidad. Sin embargo, rápidamente surgieron dudas sobre sus credenciales académicas y sobre el uso de su posición en el consejo.

El trasfondo de su designación está vinculado a su cercanía con el ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien fue jefa de gabinete. Pero la realidad es que Guerrero nunca terminó sus cinco semestres de Contaduría en la Universidad Popular del Cesar. Posteriormente, aseguró haber homologado sus estudios en la Fundación Universitaria San José, obtención de título que ahora es cuestionada por las autoridades. De hecho, no asistió a una audiencia de imputación de cargos relacionada con esa obtención irregular de su título profesional.

Lo que más ha generado controversia es el papel que jugó en la elección del nuevo rector de la universidad. A través de reportes de la Contraloría General de la República, se estableció que Guerrero utilizó vuelos en aeronaves de la Policía Nacional, pagados por el Ministerio del Interior, para viajar a sesiones del Consejo Superior en junio de 2025. Según la investigación, estos desplazamientos no obedecían a funciones urgentes de su cargo, sino a participar en reuniones para modificar los estatutos de la institución y facilitar la elección de rector. En varias ocasiones durante las sesiones, ella misma indicó que era "una orden de Presidencia".

El nuevo rector elegido, Guillermo Echavarría Gil, también ha sido cuestionado. Según los estatutos de la Universidad Popular del Cesar, el rector debe demostrar al menos cinco años de experiencia en docencia en educación superior. Sin embargo, Echavarría llevaba apenas nueve meses como docente en la institución cuando se postuló. Además, certificó su experiencia con documentos de una institución de educación para el trabajo, que por ley no ofrece programas de educación superior. El Tribunal de Garantías Electorales inicialmente rechazó su candidatura, pero luego cambió de criterio y reconoció seis años de experiencia, decisión que ha dejado dudas sobre la validez de su nombramiento.

Las organizaciones estudiantiles de la universidad enviaron una carta al presidente Petro pidiendo retirar a Guerrero del Consejo Superior. En el documento señalaron: "Lejos de representar nuestras luchas, su presencia simboliza la continuidad de las prácticas que hemos combatido… Juliana Andrea Guerrero hizo parte del movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar y hoy le da la espalda a las banderas de lucha que alguna vez levantó". Para los estudiantes, su presencia en el máximo órgano universitario es impresentable, especialmente considerando los cuestionamientos sobre la forma como obtuvo su título profesional.

El caso refleja un patrón más amplio de preocupación sobre la interferencia política en la autonomía universitaria. El rector anterior, Rober Romero, también es visto como cercano a políticos que respaldan al Gobierno, lo que sugiere que la intención era asegurar continuidad en esa línea de influencia. Las protestas estudiantiles recientes en la institución demuestran que la comunidad académica está atenta a estos movimientos y busca que las universidades públicas permanezcan libres de interferencias políticas partidarias.