El Consejo de Estado le cerró la puerta al nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. El tribunal encontró que no cumplía los requisitos legales para ocupar el cargo y anuló su designación mediante una sentencia sin posibilidad de apelación. Más allá del trámite jurídico, este fallo encendió una discusión incómoda: ¿realmente importa tener la preparación técnica y académica correcta para dirigir entidades que regulan temas tan sensibles como la competencia, la protección al consumidor y el funcionamiento de los mercados?

La corte fue muy específica en sus hallazgos. Primero, determinó que Rusinque no acreditó tener un posgrado relacionado con las funciones de la superintendencia. Uno de los títulos que presentó era un "título propio" del exterior, es decir, una certificación de una institución privada cuya equivalencia en Colombia no se podía establecer con claridad. Segundo, la experiencia tampoco llegaba al corte: la ley exigía 10 años mínimo en actividades relacionadas, pero solo se comprobaron 8 años y 6 meses. Además, varias de las certificaciones que respaldaban su experiencia no detallaban bien qué funciones había desempeñado ni mostraban una conexión clara con las competencias técnicas que exige el cargo.

Camilo Cuervo, socio del bufete Holland & Knight, no se sorprendió. "Es la crónica de una muerte anunciada", dijo, refiriéndose a que el incumplimiento de requisitos era evidente desde el principio. En su análisis, señaló que la funcionaria simplemente "no tenía ningún tipo de preparación ni fáctica ni académica para encargarse de un tema tan técnico y delicado". Lo más preocupante para Cuervo es que el caso refleja un patrón más amplio en la administración colombiana: hay sectores del Estado donde los requisitos se ajustan o se flexibilizan para facilitar nombramientos, priorizando consideraciones políticas sobre la idoneidad técnica que demandan las funciones institucionales.

Aquí viene lo complejo desde la perspectiva del ciudadano común. Las decisiones que tomó Rusinque mientras fue superintendenta no caen automáticamente por este fallo. El Consejo de Estado reconoce que cuando las tomó, estaban amparadas por una presunción de legalidad, así que su validez no se afecta de inmediato. Esto significa que fusiones empresariales, regulaciones y otras actuaciones de la SIC durante su gestión siguen siendo legalmente vigentes. Sin embargo, el abogado Cuervo advierte que la puerta no está completamente cerrada. El fallo puede convertirse en un arma útil en futuras controversias legales sobre esas decisiones. "No se invalidan automáticamente, pero sí es muy diciente que la persona que las tomó no tenía la preparación técnica y académica", explicó.

El caso deja a Colombia en una encrucijada. Por un lado, reafirma que incluso en cargos de libre nombramiento y remoción (es decir, que el presidente puede asignar sin procesos públicos), los requisitos legales deben cumplirse con rigor. Por otro lado, expone una pregunta más incómoda: ¿de verdad se están seleccionando los perfiles más capacitados para los puestos que más importan en la regulación de los mercados y la economía? O simplemente se está haciendo el trámite mientras las prioridades políticas van por otro lado.