Los trabajadores del Estado tienen motivos para estar atentos. En el Congreso ya avanzó en primer debate un proyecto que busca reducir la jornada laboral en el sector público colombiano, algo que podría cambiar significativamente cómo se organiza el trabajo en las instituciones gubernamentales. La iniciativa, impulsada por la representante Mafe Carrascal y respaldada por sectores cercanos al gobierno Petro, plantea que los empleados públicos pasen de trabajar 44 horas semanales a 42, mientras que los trabajadores oficiales bajarían de 48 a 42 horas.

El argumento detrás de esta propuesta es directo: falta de equidad. Según Carrascal, "se trata de un asunto de igualdad. No es justificable que en el sector privado se trabaje menos que en el sector público". Esta brecha ha sido una molestia histórica en el servicio público colombiano y el proyecto busca cerrarla de una vez. Lo que lo hace más atractivo es que no habrá reducción salarial ni pérdida de prestaciones ni derechos ya adquiridos. Se respetarán además los acuerdos colectivos vigentes.

El alcance es amplio. Según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública, cerca de 1.324.866 servidores públicos se beneficiarían con esta reducción en todo el país, lo que muestra el impacto real que tendría en la estructura laboral del Estado. Pero la propuesta va más allá de simplemente reducir horas: incluye programas de capacitación en Tecnologías de la Información, Comunicación e Inteligencia Artificial para fortalecer el talento humano del Estado.

La idea es que con mejores herramientas y menos horas, el servicio público sea más eficiente y logre atraer profesionales de calidad. Carrascal explicó que "necesitamos a las y los mejores profesionales en lo público. Esta propuesta también apunta a un sector competitivo que garantice servicios de calidad a la ciudadanía". No se trata solo de mejorar la vida de los trabajadores, sino de modernizar la administración pública.

La implementación no sería de la noche a la mañana. El proyecto establece una reducción gradual acompañada de mesas técnicas para garantizar que el cambio no afecte la continuidad de los servicios. El Gobierno Nacional tendrá que evaluar periódicamente cómo impacta la medida en productividad, eficiencia institucional y calidad del servicio. Esta cautela busca evitar disrupciones operativas en las entidades públicas mientras se transita hacia las nuevas jornadas.

Vale la pena saber que el proyecto se alinea con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve la reducción de jornadas laborales como mecanismo para mejorar condiciones de trabajo sin sacrificar el desempeño. Aunque el proyecto ya pasó el primer debate en comisión, aún tiene que tramitarse en otras instancias del Congreso antes de convertirse en ley. Si prospera, podría representar un cambio estructural en cómo funciona el empleo público en Colombia.