El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina validó la decisión que tomó Colombia hace dos años cuando, por primera vez en su historia, autorizó una licencia obligatoria sobre una patente farmacéutica. Las empresas ViiV Healthcare Company y Shionogi & Co., Ltd. demandaron la medida ante el tribunal regional, pero perdieron el caso. El alto tribunal consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó correctamente dentro del marco jurídico de la Comunidad Andina al otorgar la licencia por razones de interés público.

En términos prácticos, esto significa que Colombia puede producir y distribuir versiones genéricas del dolutegravir, un medicamento que la Organización Mundial de la Salud reconoce como tratamiento de primera línea contra el VIH. El impacto económico es dramático: mientras el medicamento de marca costaba 1.224 dólares por paciente al año, las versiones genéricas compradas a través de organismos como la Organización Panamericana de la Salud bajaron el precio a aproximadamente 44 dólares. Esta reducción permitió que el sistema de salud colombiano ampliara significativamente la cobertura de tratamiento antirretroviral.

Para las autoridades, el fallo representa un respaldo fundamental para usar las licencias obligatorias como herramienta excepcional cuando los costos impiden que las personas accedan a medicinas esenciales. También establece un precedente regional importante que reconoce que la propiedad intelectual debe equilibrarse con el derecho a la salud.

Pero el análisis no es completamente positivo. Iván González Ortiz, exviceministro de Salud y experto en política farmacéutica, reconoce que la medida es legítima, pero advierte sobre sus efectos secundarios. Según él, "El Estado siempre debe considerar legítimas las decisiones que fortalezcan la salud pública. En ese orden de ideas, la excepcionalidad de la medida la viabiliza", pero añade que si Colombia usa reiteradamente las licencias obligatorias, podría enviar un mensaje problemático a las empresas farmacéuticas.

La preocupación principal es que las farmacéuticas pierdan confianza en el país como mercado prioritario. González explica que si las compañías perciben amenazas frecuentes de licencias obligatorias, especialmente en medicamentos oncológicos e inmunoterapias, podrían retrasar la llegada de innovaciones a Colombia. Aunque las licencias obligatorias están permitidas en la normativa internacional, los países suelen usarlas con "mucha reserva" para mantener la estabilidad jurídica y el incentivo para que la industria invierta en nuevos tratamientos.

El experto también documenta un panorama más amplio de crisis en acceso a medicamentos. Señala que cerca del 80 por ciento de las tutelas (demandas de protección de derechos) en Colombia están relacionadas con la no entrega de fármacos. Además, Colombia ha caído en competitividad biofarmacéutica: según el índice de competitividad de Fifarma de 2025, el país pasó de estar entre los primeros lugares de la región a ocupar prácticamente el último puesto entre nueve países evaluados, con una calificación de 53 puntos, por debajo del promedio regional de 60 puntos.

El desafío entonces no es solo garantizar medicamentos esenciales ahora, sino mantener un equilibrio que permita que la innovación siga llegando. González concluye que el próximo gobierno deberá enfocarse en recuperar la competitividad farmacéutica mientras mantiene las herramientas legales disponibles, pero usándolas con la excepción que justifican.