La reforma pensional en Colombia sigue generando tensión entre el Gobierno y las administradoras de fondos privados. Mientras el Consejo de Estado frenó temporalmente el traslado de 20 billones de pesos correspondientes a trabajadores que aún no reúnen los requisitos para pensionarse, existe otro frente de batalla que mantiene 5 billones de pesos en el limbo. Estos recursos corresponden a aproximadamente 20.000 pensionados que ya consolidaron su derecho pensional y están bajo el Capítulo 6 del Decreto 415 de 2026, una sección que por ahora permanece vigente a pesar de toda la controversia legal.

Las AFP tienen un cronograma establecido para hacer estos giros: deben transferir el 50 por ciento de esos 5 billones dentro de 20 días y el resto en los 10 días siguientes. Esto significa que antes del próximo 14 de mayo debe completarse al menos parte de esta operación. El Gobierno sostiene que Colpensiones necesita urgentemente estos recursos para pagar las mesadas de quienes ya forman parte del sistema público de pensiones. Desde el Ejecutivo argumentan que la medida responde a una necesidad operativa y financiera derivada directamente de la implementación de la reforma.

Sin embargo, la batalla judicial no ha terminado. Las AFP, junto con Asofondos, presentaron 13 demandas que cuestionan la legalidad del decreto. Los argumentos principales incluyen que el Gobierno habría excedido sus facultades reglamentarias al intentar modificar aspectos de la ley mediante decreto sin pasar por el Congreso. También advierten sobre un posible riesgo financiero y afirman que el traslado constituiría un movimiento patrimonial "masivo e irreversible" mientras la reforma aún está bajo revisión judicial.

Los números financieros que circulan en la discusión son interesantes. Quienes respaldan la transferencia señalan que los nuevos pensionados aportarían anualmente alrededor de 600.000 millones de pesos al sistema, mientras que el costo de sus pensiones sería de aproximadamente 450.000 millones. Una fuente cercana al proceso indicó que "alcanza y sobra" y que "cada peso trasladado le abre espacio de caja al Gobierno por el mismo peso", en un momento en que el país enfrenta presiones fiscales crecientes.

Detrás de esta pelea está una realidad más profunda: la sostenibilidad del sistema pensional público genera alarma. Según información conocida en los círculos del sector, en 2026 el costo del régimen público de pensiones será equivalente al recaudo total del IVA. A eso se suma un indicador demográfico preocupante: actualmente se necesitan ocho personas cotizando sobre un salario mínimo para financiar una pensión mínima, cuando idealmente debería haber más contribuyentes por cada jubilado. Hoy apenas hay cinco cotizantes por cada pensionado en el sistema.

El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentaron un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para intentar revertir la medida cautelar expedida el 28 de abril y reactivar plenamente el decreto. Mientras tanto, el expediente continúa acumulando demandas, con más de una docena de solicitudes de medidas cautelares de urgencia. El próximo 14 de mayo se perfila como una fecha crítica que podría marcar un antes y después en esta batalla entre el sector público y las AFP sobre quién controla los fondos de jubilación de los colombianos.