El Banco de la República encendió las alarmas sobre el proyecto de decreto que alista el Ministerio de Trabajo para permitir el traslado de ahorros pensionales hacia Colpensiones. En sus comentarios formales a la propuesta, el Emisor fue claro: considera que la medida "es contraria al parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024", lo que abre un debate importante sobre los límites legales de lo que el Gobierno puede hacer en materia pensional.

El nudo del asunto está en cómo cada norma interpreta qué pasa con los ahorros cuando alguien se cambia de sistema. La Ley 2381 permite que personas cercanas a la edad de pensión se trasladen de régimen, pero con una condición específica: "los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones". En otras palabras, cambiar de sistema no significa que el dinero se mueva automáticamente. Los ahorros deben quedarse en las AFP hasta que la persona pueda reclamar su pensión.

Pero el proyecto de decreto del Gobierno propone algo distinto. Según el análisis del Banco de la República, obliga a que las AFP transfieran la totalidad de los recursos de quienes usen esta ventana de traslado hacia Colpensiones en apenas quince días hábiles. Para el Emisor, aquí está el problema: "el traslado anticipado de los recursos a Colpensiones no se encuentra autorizado por la ley y excedería, por lo tanto, las facultades reglamentarias del Gobierno". En otras palabras, el decreto no solo estaría reglamentando la ley, sino cambiando lo que realmente dice.

La situación se complica más porque la Ley 2381 está parcialmente suspendida por decisión de la Corte Constitucional, lo que ha paralizado varios de sus componentes clave, incluido el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que el nuevo sistema necesita para funcionar. Mientras eso no esté listo, el Banco de la República sostiene que deben mantenerse las reglas transitorias: los recursos en las AFP hasta que se causen los derechos pensionales.

Pero hay más. El Banco de la República también advierte sobre riesgos técnicos de la propuesta. Como la mayoría de esos casi 25 billones de pesos están invertidos en títulos de deuda pública, un traslado masivo en un corto tiempo podría generar "implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales", particularmente en el mercado de TES (títulos del Gobierno). Esto significa que mover tanto dinero de golpe podría afectar la estabilidad del sistema financiero.

Con estos argumentos, el análisis del Banco de la República convierte el debate en algo más que un ajuste normativo. Plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica: ¿puede el Gobierno hacer esto por decreto? ¿Qué pasaría con los mercados? ¿Qué tan seguro es el sistema pensional bajo estas condiciones? Son preguntas que el Ministerio de Trabajo tendrá que responder antes de avanzar.