La guerra comercial iniciada por Donald Trump en su segundo mandato alcanzó un nuevo capítulo el viernes 20 de febrero cuando la Corte Suprema de Estados Unidos le propinó un revés al mandatario. El alto tribunal determinó que Trump había excedido sus autoridades presidenciales al imponer aranceles usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Sin embargo, antes de que los exportadores colombianos pudieran respirar tranquilos, Trump encontró otra ruta legal para hacer precisamente lo que la Corte le había prohibido: impuso un arancel global del 10% a través de mecanismos diferentes.

Trump respondió a la sentencia con lo que él mismo considera una de sus estrategias favoritas. Aseguró estar "profundamente decepcionado" con la decisión y lanzó críticas contra algunos magistrados, sugiriendo que actuaban bajo "intereses extranjeros". Pero no se quedó en las palabras. Horas después del fallo adverso, anunció los nuevos gravámenes que mantienen viva su ofensiva arancelaria.

Para los empresarios colombianos el panorama es complejo. Hace apenas tres meses, en noviembre, la administración Trump había excluido de los aranceles productos clave de la economía nacional como café, banano, aguacate, cacao, limón Tahití y uchuva. Eso ofrecía cierto alivio. Pero ahora con este nuevo arranque, hay incertidumbre sobre si esas exclusiones seguirán en pie o si volverán a gravarse. Mientras tanto, sectores como el aluminio y la floricultura, que habían estado presionados, ven una oportunidad en este cambio de reglas.

Empresas como Tecnoglass, que fabrica vidrio arquitectónico y productos de aluminio para la construcción mundial, están atentas. Durante los primeros aranceles, esta compañía optó por importar materia prima de Estados Unidos para procesarla allá y devolverla como producto terminado, lo que presionó sus costos. Con este nuevo escenario, podrían tener respiro.

Sebastián Chacón, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, ofrece una perspectiva importante: estos nuevos aranceles solo tendrían vigencia por 150 días según la ley comercial estadounidense de 1974. Esto significa que Trump necesitará pasar por el Congreso para establecer una política arancelaria de largo plazo. Los exportadores colombianos tendrían un margen de cinco meses para adaptarse.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, ve estos 150 días como "un proceso de transición" hacia una política más robusta. Pero advierte que la incertidumbre sigue siendo el principal enemigo. "No conocemos cuál va ser el mecanismo para implementar nuevos aranceles. Hasta que no se tenga la normatividad establecida, no sabemos si va ser con algunas exclusiones o si será un arancel del 10% para todos los países", explicó. Lo positivo, según ella, es que la decisión de la Corte Suprema elimina la inseguridad jurídica de usar poderes de emergencia.

El impacto final dependerá de cómo la aduana estadounidense implemente estas medidas y cuáles sean las decisiones del gobierno Trump sobre exclusiones particulares. Hay otro aspecto sin resolver: qué sucederá con los aranceles que ya fueron pagados durante la etapa anterior. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), señala que probablemente lleguen demandas para recuperar esos dineros. Por ahora, Colombia y sus exportadores solo pueden esperar y prepararse para sobrevivir los próximos 150 días de esta batalla comercial que está muy lejos de terminar.