En medio de una tensión creciente entre poderes públicos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió respaldar el fallo del Consejo de Estado que suspendió el traslado de recursos de las AFP (administradoras de fondos de pensiones privadas) hacia Colpensiones, el sistema público de pensiones. Patricia Salamanca, presidenta del tribunal, señaló que la corporación comparte la preocupación sobre cuestionamientos públicos que puedan "desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones judiciales".

Lo que está en juego es bastante directo: miles de colombianos que trabajaron bajo el sistema privado de pensiones (donde descuentan parte del salario como ahorro) desean trasladar ese dinero al sistema público. El gobierno Petro y su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, argumentan que la ley permite esto y que los trabajadores deben recuperar sus ahorros. Sin embargo, los tribunales han puesto un freno judicial a este traslado mientras resuelven si es legalmente posible.

El ministro Sanguino ha sido directo en sus críticas: acusa al Consejo de Estado de tomar "razones extralegales" y de inmiscuirse en decisiones que, según él, le corresponden a la Corte Constitucional. Desde su perspectiva, el poder judicial está yendo más allá de sus límites. El presidente Gustavo Petro fue aún más contundente en redes sociales: afirmó que "los ahorros de los pensionados desde que se pensionaron han sido expropiados delictualmente por las administradoras de los fondos privados".

El Tribunal de Cundinamarca respondió a estas críticas haciendo énfasis en que "en una democracia sólida, el control judicial de los actos del poder público constituye una garantía esencial del Estado de Derecho". En otras palabras: los jueces argumentan que tienen el deber de revisar si las decisiones del gobierno son legales, y esto no es una intromisión sino una función fundamental del sistema.

El conflicto refleja una pregunta de fondo que afecta directamente a los pensionados: ¿qué garantías tienen los colombianos sobre sus ahorros pensionales? Para el trabajador promedio, esto significa discernir entre dos posiciones: la del gobierno, que dice que los bancos privados están guardando dinero que es legítimamente suyo, y la de los tribunales, que creen que hay problemas legales que deben resolverse antes de permitir ese traslado masivo de recursos.