En un giro inesperado para el sistema de salud antioqueño, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender de manera temporal la toma de posesión que desde 2023 la Superintendencia Nacional de Salud mantiene sobre Savia Salud EPS, una de las entidades de salud más grandes del país con más de 1,6 millones de afiliados. La decisión, adoptada por la Sala Octava de Decisión, accede a una solicitud del Departamento de Antioquia y ordena devolver la administración de la EPS a sus accionistas originales en un plazo de diez días hábiles.

El tribunal justificó su decisión en un fallo reciente de la Corte Constitucional que estableció nuevas reglas sobre el debido proceso en las intervenciones forzosas de EPS por parte de la Superintendencia. Basándose en este argumento, la corporación judicial decidió suspender la resolución del 16 de junio de 2023 que originó la intervención de Savia Salud, así como todas las prórrrogas de esta medida.

Sin embargo, la orden judicial llega en el peor momento para la EPS. A finales del año pasado, en un debate de control político conjunto entre el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, quedó expuesta una crisis profunda en la prestación del servicio. Las cifras son alarmantes: entre 2022 y 2025 se registraron 9.583 tutelas y 2.741 incidentes de desacato contra la EPS. Esto significa un aumento del 335% en tutelas y del 640% en desacatos en solo dos años, lo que evidencia un incumplimiento sistemático de órdenes judiciales y una vulneración del derecho fundamental a la salud de los usuarios.

La situación financiera es igualmente crítica. Las deudas de la entidad pasaron de 793 mil millones de pesos en 2023 a más de 1,2 billones en 2025, mientras sus activos muestran una tendencia a la baja. Este desbalance configura un escenario de pérdida de solvencia y riesgo de quiebra técnica. Algunos concejales advirtieron que el crecimiento del endeudamiento supera el 900%, lo que requeriría intervenciones urgentes de los organismos de control. Además, la deuda total con la red pública hospitalaria supera los 4 billones de pesos, asfixiando económicamente a los hospitales del departamento.

Los servicios de urgencias en Medellín operan con una sobrecarga del 115%, convirtiéndose en la principal y en muchos casos única puerta de acceso para los pacientes que necesitan atención inmediata. Esta presión ha derivado en cierres parciales de servicios y un aumento del riesgo de muertes evitables. Voceros de Savia Salud han defendido su gestión asegurando que los gastos administrativos se mantienen dentro de los límites normativos y que han realizado pagos a la red hospitalaria por cerca de 1.000 millones de pesos mensuales.

Ahora la orden judicial abre un nuevo y complejo escenario. Mientras el tribunal obliga a desmontar temporalmente la intervención estatal, persisten dudas sobre la capacidad de la EPS para sostener su operación en medio de esta crisis estructural. Autoridades regionales han advertido que la entidad se encuentra en un "punto crítico" y han planteado la necesidad de una estrategia nacional de salvamento, que incluya revisiones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y acciones judiciales conjuntas para evitar su colapso. El futuro de la EPS y la continuidad en la atención de más de un millón de usuarios en Antioquia quedan ahora en el centro de la discusión, a la espera de cómo se implemente esta orden judicial en los próximos días.