En la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles que se realiza en Santa Marta, 252 expertos en derecho internacional emitieron una carta abierta que plantea una tesis contundente: los gobiernos están obligados legalmente, no solo moralmente, a abandonar el petróleo, el gas y el carbón. El pronunciamiento argumenta que esta obligación surge de múltiples tratados y normas del derecho internacional ya vigente, incluidos acuerdos sobre cambio climático, derechos humanos y protección marina.

Los firmantes sostienen que una reciente opinión de la Corte Internacional de Justicia refuerza esta posición. La corte determinó que los Estados deben usar "todos los medios a su alcance" para prevenir daños significativos al sistema climático. Esto, según los expertos, implica actuar directamente sobre la producción y consumo de combustibles fósiles. Los académicos subrayan que "la evidencia científica es irrefutable": los combustibles fósiles generan cerca del 90 por ciento de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono y son responsables de la mayor parte de los gases que calientan la atmósfera.

La carta también conecta el cambio climático con los derechos fundamentales. Si el derecho a un medio ambiente sano es condición para disfrutar otros derechos básicos, entonces los Estados tienen el deber de prevenir los daños previsibles que genera la actividad fósil. Los juristas advierten que incumplir estas obligaciones puede traer consecuencias legales serias: cese de actividades dañinas, reparación de perjuicios e incluso responsabilidad internacional directa de los Estados si no regulan adecuadamente a empresas fósiles bajo su jurisdicción.

Un punto importante del documento es que no todos los países tienen las mismas responsabilidades. Las naciones con mayores emisiones históricas y más recursos económicos deben asumir compromisos más ambiciosos y ayudar a países en desarrollo en su transición energética. Sin embargo, los expertos subrayan que todos los gobiernos, sin excepción, tienen la obligación inmediata de detener la expansión de combustibles fósiles. Autorizar nuevos proyectos, advierte la carta, sería "presumiblemente contrario" a sus compromisos legales internacionales.

Los firmantes también señalan que los acuerdos climáticos existentes, como el Acuerdo de París, deben interpretarse de manera consistente con el objetivo de eliminar combustibles fósiles. Aunque estos tratados no mencionan explícitamente el abandono de estas fuentes de energía, sus metas —como limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius— solo son posibles mediante una reducción rápida y sostenida.

Finalmente, los expertos hacen un llamado a la cooperación internacional coordinada. Según su análisis, los países deben actuar juntos para acelerar la transición energética, incluso creando nuevos acuerdos si los mecanismos actuales resultan insuficientes. La carta concluye que abandonar los combustibles fósiles no solo previene daños irreversibles al planeta, sino que genera beneficios sociales, económicos y ambientales para las generaciones presentes y futuras.