El analista independiente Nicola Stornelli García encendió las alarmas sobre tres problemas graves que detectó en el MinTIC en cuestión de una semana. Sus hallazgos llegan en momentos en que la ministra Carina Murcia defiende públicamente que todo anda bien en el sector de telecomunicaciones e información tecnológica del país.

El primer problema está en los números. Stornelli revisó a fondo los boletines trimestrales publicados en ColombiaTIC, el portal oficial de estadísticas del sector, y encontró errores que comprometen la credibilidad de esa información. Identificó inconsistencias preocupantes: un gráfico donde cable aparece con velocidades de descarga superiores a la fibra óptica (algo técnicamente contraintuitivo), errores de plantilla sin corregir donde aparece el año 2024 en boletines de 2025, y datos contradictorios donde las variaciones porcentuales no coinciden con los cambios en valores absolutos. Por ejemplo, en uno de los trimestres dice que xDSL tuvo una variación de +80,8 por ciento pero el valor absoluto se mantuvo igual. Stornelli advierte que empresas privadas usan estas cifras para tomar decisiones de inversión, por lo que información errónea podría llevar a decisiones costosas en todo el sector.

El segundo problema es una licitación que despierta sospechas. El proceso FTIC-LP-002-2026 por 4.500 millones de pesos para servicios de ciberseguridad incluyó en sus pliegos definitivos un perfil de consultor que no aparecía en los prepliegos. Según Stornelli, varios expertos del sector le señalaron que ese requisito solo lo cumple una persona, lo que sugeriría que la licitación está "amarrada" para favorecer a una empresa específica sin competencia real.

El tercero es constitucional. El MinTIC está gestionando que el presidente firme un decreto para trasladar la facultad de establecer los topes de espectro radioeléctrico (cuánta frecuencia usa cada operador) desde la presidencia hacia el ministerio. Aunque esto lleva años siendo solicitado en el sector, Stornelli advierte que presenta problemas legales serios. El decreto violaría principios de derecho constitucional: vaciría la norma de contenido material e intentaría que una resolución ministerial haga lo que corresponde a decisión presidencial. Según jurisprudencia de la Corte Constitucional, el presidente no puede ceder a un ministro las funciones que la Constitución le asigna de manera exclusiva. Si luego esa resolución favorece a algún operador, los afectados tendrían argumentos sólidos para demandar al Estado ante el Consejo de Estado. "Y he ahí lo grave, ministra. Si usted sube ahora topes y el decreto se cae, esa o esas empresas van a demandar al Estado y usted va a ser la culpable directa", escribió Stornelli.

El espectro radioeléctrico no es un tema menor: es el bien público que fundamenta el acceso a internet en el país. Stornelli concluye que estos tres frentes merecen atención inmediata y mucho más cuidado antes de avanzar, especialmente el decreto que estaba abierto a comentarios públicos hasta el 19 de mayo.