Colombianos con deudas viejas tienen una salida legal que muchos desconocen. Según expertos en insolvencia financiera, el derecho de los acreedores para exigir el pago no es indefinido. El Código Civil establece plazos de prescripción, es decir, tiempos después de los cuales una obligación pierde su validez legal y ya no puede ser cobrada de forma coercitiva.

La abogada especialista en manejo de deudas Andrea García explica que el tipo de deuda determina cuánto tiempo tarda en prescribir. Las obligaciones con entidades estatales como la DIAN o la Secretaría de Hacienda necesitan cinco años para perder exigibilidad. En cambio, deudas comunes como saldos de tarjetas de crédito, pagos de arrendamiento y multas de tránsito prescriben a los tres años. Una vez cumplido este plazo, si el deudor no reconoce la vigencia de la deuda, los bancos y casas de cobro pierden la facultad legal de exigir el pago por la fuerza.

Pero aquí viene lo importante: la prescripción no ocurre automáticamente. La abogada Daniela Melo, consultora del Centro Jurídico Internacional, advierte que los bancos pueden elevar el caso ante un juez incluso después de transcurridos los tres años. Si el deudor no actúa correctamente, podría generarse una nueva obligación o reactivarse el cobro. Por eso, lo correcto es presentar una solicitud formal de prescripción que extinga definitivamente el derecho de cobro.

El proceso ante los juzgados civiles es claro: cuando existe un proceso de cobro activo, el deudor tiene diez días para presentar pruebas de que han pasado más de tres años sin cobro. Luego, el juez cita a ambas partes para evaluar las evidencias y decide mediante sentencia si la obligación prescribió o si todavía es cobrable.

Hay un aspecto que muchos olvidan: aunque una deuda prescriba legalmente, el daño en el historial crediticio permanece. Datacrédito registra los atrasos en los pagos y esto afecta negativamente el perfil del usuario ante otras entidades financieras, limitando el acceso a nuevos créditos y servicios. Un reporte negativo en las centrales de riesgo puede cerrar puertas financieras durante años, incluso después de que la deuda haya prescrito legalmente. En cambio, mantener un comportamiento de pago puntual facilita la obtención de créditos con mejores condiciones y tasas de interés más favorables, impactando directamente en la calidad de vida.