Colombia enfrenta una realidad desgarradora: trece conflictos simultáneos entre grupos armados ilegales están sembrando terror en distintas regiones del país. Así lo revela el informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares, presentado durante los primeros cien días de gestión del general Hugo Alejandro López Barreto. El diagnóstico muestra que estos enfrentamientos generan un catálogo de horror: homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, masacres y desapariciones que mantienen a la población en zozobra constante.

El mapa de la violencia tiene un patrón claro. La concentración más grave de estos conflictos está en la Costa Pacífica y en la frontera con Venezuela, territorios que históricamente han sido campos de batalla de estos grupos. En el Pacífico, departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca viven bajo el control de múltiples bandos enfrentados. En el norte, desde Norte de Santander hasta Arauca, la frontera es escenario de combates entre el ELN, disidencias de las Farc y grupos paramilitares. En el sur amazónico, Putumayo y Caquetá sufren ataques que incluso se extienden hacia Ecuador y Perú.

Lo que llama la atención es que dos actores principales están metidos en la mitad de todos estos conflictos. El Clan del Golfo participa en seis de las trece disputas, desde el Caribe hasta el Pacífico. Su rival en ese número es la disidencia del EMBF que lidera Alexánder Díaz Mendoza, conocido como "Calarcá", también presente en seis enfrentamientos. Lo irónico es que ambos grupos están sentados en mesas de negociación con el gobierno. El Clan del Golfo negocia desde 2025 en Catar, mientras que "Calarcá" tiene una cuestionada mesa de diálogos desde finales de 2023.

Las cifras que reportan las Fuerzas Militares parecen alentadoras a primera vista. En apenas cien días de 2026, capturaron a 3.421 integrantes de estas organizaciones. Sin embargo, el documento señala que estas estructuras cuentan con aproximadamente 25.000 combatientes y milicianos en sus redes logísticas. Las capturas, entonces, no han logrado debilitar estos conflictos de manera efectiva.

El costo en vidas de la Fuerza Pública es dramático. Durante 2025, grupos armados ilegales mataron a 173 soldados y policías en actos del servicio, la cifra más alta que se haya registrado en los últimos diez años. El patrón continúa en 2026: en apenas dos meses asesinaron a 14 efectivos más.

A pesar de la apuesta del gobierno Petro por la "paz total", la violencia se ha enquistado y fortalecido en territorios que llevan décadas bajo la influencia de estos grupos armados. El informe militar deja claro que las negociaciones no han logrado traducirse en reducción de la criminalidad. Por el contrario, mientras se dialoga en mesas internacionales, en el terreno estos grupos siguen disputándose el control de territorios, rutas de droga y recursos naturales como el coltán.

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